Introducción al Proyecto
La Ley de Salud Mental aprobada en 2010 buscaba introducir un método innovador. No obstante, transcurridos más de 15 años, la puesta en práctica de la misma ha enfrentado problemas, lo que ha llevado a recibir serias críticas, incluso de familiares de los pacientes.
Iniciativa para una Nueva Legislación
El Gobierno ha decidido enviar al Congreso una propuesta para una nueva legislación en salud mental. La intención es optimizar la capacidad del sistema de salud para responder eficazmente y proteger tanto a pacientes como a terceros en situaciones que actualmente carecen de un marco adecuado.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien buscaba retomar el enfoque en la gestión en medio del revuelo por los vuelos privados y propiedades sin declarar. Esto se llevó a cabo tras una charla con el ministro de Salud, Mario Lugones.
Detalles del Proyecto Legislativo
El Ministerio de Salud impulsora de este proyecto, ha recopilado insumos de familiares, pacientes y profesionales del ámbito de la salud mental, además de actores judiciales y del ámbito legislativo. Esto permitió identificar problemas concretos en la práctica diaria. Clarín informó que la presentación formal será “en breve”.
Uno de los principales desafíos detectados es la implementación desigual de la ley en el país: solo 16 jurisdicciones la han adoptado oficialmente. De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental, y 20 ofrecen camas para internaciones, lo que conduce a desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con limitados recursos.
Novedades en la Clasificación de Enfermedades
Un cambio significativo será el reemplazo de “padecimiento mental” por la terminología de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), para incluir los conceptos de trastornos mentales o del comportamiento, proporcionando así una mayor precisión.
Además, se reconsiderará el enfoque sobre el riesgo, reemplazando el criterio vigente por “situación de riesgo de daño para la vida o integridad física de la persona o de terceros”, lo que incluiría el contexto y antecedentes necesarios para intervenciones más a tiempo y preventivas.
Internación y Redes de Atención
El proyecto destaca que la hospitalización seguirá siendo excepcional pero vital para salvaguardar la vida y salud. En emergencias, un psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria, la cual deberá ser confirmada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, proponiéndose también extender el plazo de notificación judicial de 10 a 24 horas. En internaciones voluntarias, si el paciente desea el alta, se valorará su capacidad. Si está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación judicial.
Aunque la ley vigente promueve el cierre de hospitales psiquiátricos para traslado a hospitales generales, el nuevo proyecto reconoce que esto no siempre es factible debido a limitaciones de infraestructura, personal y seguridad. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, lo que subraya la necesidad de mantener internaciones especializadas.
En lugar de cerrar estas instituciones, el proyecto propone fortalecer una red de atención en salud mental ajustada a niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, y unidades ambulatorias, comunitarias y residencias asistidas.