Un exresponsable de finanzas del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada Argentina fue sentenciado a tres años de prisión con suspensión de pena. El fallo llegó después de que se determinara su implicación en la desviación de recursos estatales provenientes del arrendamiento de un terreno estatal. Este lugar albergaba las instalaciones de un parque acuático llamado Mundo Marino, ubicado en San Clemente del Tuyú, en 2015.
Veredicto y Sanciones Impuestas
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 8 de Buenos Aires determinó la sentencia para el capitán de corbeta Andrés Ramón Tapia Ruiz, de 44 años. La decisión incluyó no solo su condena, sino también una prohibición perpetua para ocupar cargos públicos y la obligación de pagar 274.696.471 pesos como indemnización.
Detalles del Delito y el Juicio
Los jueces Sabrina Namer, Gabriela Iníguez y Nicolás Toselli hallaron a Tapia Ruiz culpable del delito de peculado, conforme al artículo 261 del Código Penal. El juicio oral comenzó el 10 de febrero, y el sitio fiscales.gob.ar anunció que el 17 de abril se publicarán los argumentos completos del dictamen.
Durante las deliberaciones, se demostró que Tapia Ruiz se apropió de casi dos millones de pesos entre noviembre y diciembre de 2015. Estos fondos correspondían al cobro anual de la empresa Mundo Marino por un espacio gestionado por la Armada y que servía para el parque Bahía Aventura, en base a un acuerdo de uso compartido firmado en 1997.
El Ministerio Público Fiscal señaló que el acusado realizó maniobras para impedir que los fondos fueran depositados en la cuenta oficial del organismo, lo que habría limitado su acceso al dinero.
En su lugar, se aseguraba de que las transacciones se realizasen bajo su control, utilizando supuestas modificaciones en el método de pago que, según las investigaciones, nunca se implementaron.
La acusación explicó que Tapia Ruiz persuadió a la empresa para pagar mediante cheques, cuando lo habitual era la transferencia bancaria. Tras endosar los cheques, los canalizó a través de terceros y gestionó la emisión de nuevos cheques después de rechazos iniciales, hasta que consiguió ingresar el dinero en una cuenta personal sin recurrir al tesoro estatal. Además, emitió recibos de pago falsos para justificar las transacciones.
Conforme a fiscales.gob.ar, el veredicto fue congruente con lo solicitado por la Fiscalía General Nº 8 en los Tribunales Orales Federales, que demostró el daño ocasionado al Estado.