“La que nada debe, nada teme”, canta Cazzu, la artista que en el mes de febrero compartió el escenario de River con Bad Bunny. Y anteriormente con Duki y María Becerra. Esta talentosa jujeña de Fraile Pintado, en cuyo corazón residen tanto Los Beatles como el Folclore, ha grabado cinco discos y es objeto de atención en estos momentos. Sin embargo, no es por su música de trap o urbana, sino por los enfrentamientos con su ex pareja, el mexicano Christian Nodal. Tanto en México como en Argentina, existen dos propuestas legislativas que llevan su nombre: la “Ley Cazzu”.
La iniciativa legislativa en Argentina
El proyecto en Argentina fue ideado por la agrupación Abogadas Feministas del AMBA y es respaldado por el senador Carlos Linares. Busca modificar un artículo específico del Código Civil y Comercial para habilitar la suspensión preventiva de la responsabilidad parental en situaciones de incumplimiento grave. El objetivo es confrontar la problemática de aquellos progenitores que, aun faltando a sus obligaciones, conservan potestades decisorias sobre sus hijos.
Julieta Emilia Cazzuchelli, el nombre real de Cazzu, se ve inmersa en su historia personal reciente que ha resaltado un problema que muchas mujeres enfrentan: los obstáculos para tomar decisiones sobre sus hijos cuando existe discordia con el otro progenitor.
Tras la ruptura entre Cazzu y Nodal en mayo de 2024, uno de los principales puntos de disputa fue la posibilidad de que su hija, Inti, pudiera viajar al exterior. Este asunto es clave, dado que la carrera profesional de Cazzu implica desplazamientos frecuentes, pero la falta de cooperación del padre generó trabas legales afectando sus viajes.
El proyecto en México y su inspiración
Cazzu relató en una entrevista que buscaron una mediación para llegar a un consenso, pero uno de los abogados de Nodal prácticamente la amenazó. “Ese individuo me miró y me dijo: ‘tenemos el control sobre vos y tu hija’”, recordó. Esta disputa trascendió al ámbito público y político.
El camino de la Ley Cazzu en otros países
El primer proyecto inspirado en el caso fue presentado el mes pasado en el estado mexicano de Michoacán, promovido por la diputada Sandra Arreola Ruiz. Busca reformar la Constitución para priorizar el superior interés del niño cuando uno de los padres incumple sus responsabilidades.
La propuesta pretende impedir que padres deudores o ausentes obstaculicen procedimientos cruciales, como pasaportes o autorizaciones de viaje. “La patria potestad no debe usarse como instrumento de control”, comentó la legisladora al introducir la ley.
Ese mismo principio fue llevado a Argentina. La propuesta, introducida en el Congreso por el senador argentino Carlos Linares, se centra en proteger a los menores permitiendo la limitación de derechos legales a progenitores ausentes, particularmente si no cumplen con la manutención o desaparecen de la vida del niño durante más de tres meses.
Se plantea agregar un nuevo artículo (700 ter) para que los jueces puedan de manera precautoria suspender el ejercicio de la responsabilidad parental cuando se evidencien dos situaciones: descuido continuo de la cuota alimentaria y ausencia prolongada en la vida del hijo.
De ser aprobada, esta medida permitiría al progenitor a cargo del cuidado el poder autorizar viajes al extranjero, realizar trámites relacionados con salud o educación, y tomar decisiones sin la necesidad de aprobar con el otro padre.
La iniciativa no solo se basa en un caso mediático. Se apoyan en datos que reflejan el trasfondo del problema: el 16% de los hogares en Argentina son monoparentales, con más del 80% siendo dirigidos por mujeres. Más de 3 millones de menores residen en hogares monoparentales dirigidos por mujeres.
Más de la mitad de las madres no recibe ningún tipo de cuota alimentaria por parte del padre cuando no se vive juntos, proporción que llega al 68% si se considera el pago irregular. En Buenos Aires, el 66,5% de las mujeres no recibe aportes o recibe contribuciones esporádicas.
El proyecto también llama la atención sobre prácticas nocivas como la “obstrucción parental abusiva”, donde se emplean derechos formales para frenar decisiones, y la violencia vicaria, donde los hijos son utilizados como herramientas en conflictos entre adultos.
Una problemática persistente
El Código Civil y Comercial de la Nación establece el deber de cuidado y el deber alimentario como pilares del ejercicio de la responsabilidad parental hacia los hijos menores. Asimismo, reconoce el derecho de niños y adolescentes a mantener relaciones con su progenitor no conviviente.
“Con la reforma del año 2015, se modificaron términos antiguos de la “situación irregular” de menores, tales como “tenencia”, “visitas” y “patria potestad”, para adoptar “cuidado personal”, “régimen de relación y comunicación” y “responsabilidad parental””, se explica en el proyecto.
“Junto al cambio terminológico, se eliminó la tenencia unilateral de los hijos como norma, así como la preferencia materna hasta los cinco años. Se estableció como norma el cuidado personal compartido, ya sea indistintamente o alternadamente, equilibrando responsabilidades sin un domicilio principal”, continúa.
“Pese a que la normativa pretendía erradicar prejuicios, estereotipos, roles y mandatos de género promoviendo una justa división de las tareas de cuidado, en la práctica, esto no siempre se traduce en corresponsabilidad real. Al contrario, en muchos casos, el ejercicio formal conjunto de la responsabilidad parental convive con el incumplimiento de deberes de cuidado y manutención”, añade.
“Si bien se puede interponer una demanda por alimentos, estos proceds pueden ser interminables dada la falta de plazos. Lo mismo ocurre con permisos de viaje o decisiones importantes. Lo que el proyecto propone es celeridad, estableciendo un tope de 180 días para que el juez tome una decisión”, explicó a Clarín Amelia Olivera, una de las abogadas detrás del proyecto en Argentina.
Hace unos meses, cuando fue cuestionada sobre la ley en México, Cazzu manifestó: “Esto forma parte de mi vida, mi camino en la búsqueda de igualdad y el feminismo. Decidí buscar maneras de expresar lo que no está bien, con la esperanza de mejorarlo. Siempre ha sido mi propósito. Considero que es mi responsabilidad asumir una postura más política y social. Esta iniciativa de la ley Cazzu es algo grande. Me confunde. Me alegra que algunas personas vean en mí algo bueno. Es bonito lo que proponen. No sé cómo sentirme al respecto”.