Investigación solicitada tras el incendio fatal en cárcel cordobesa
Un fuego devastador en la Unidad Penitenciaria de Bouwer, situada en las cercanías de Córdoba, costó la vida de dos internas en diciembre de 2025. A dos meses del trágico suceso, los familiares de las fallecidas claman por una profunda indagación sobre las causas, posibles responsabilidades y cualquier irregularidad que se haya producido.
Historia de las reclusas afectadas
Las víctimas fueron identificadas como Agostina Guadalupe Pedraza, de 25 años, y María Flavia Ramallo, de 33 años. Ambas estaban privadas de la libertad en celdas de aislamiento y las llamas les arrebataron la vida en la madrugada del 20 de diciembre.
Demandas de los familiares de las víctimas
“Queremos descubrir la verdad y que se haga justicia”, expresa Valeria Soledad Romero, madre de Agostina, mediante un pedido formal para ser parte querellante en el proceso. Las familias exigen una aclaración sobre las razones por las cuales otras reclusas fueron evacuadas primero.
Cuestionamientos sobre el entorno carcelario y respuesta del personal
Testimonios durante el incendió señalan una demora en abrir las puertas; los familiares subrayan las condiciones fatales: colchones altamente inflamables, un posible encendedor y extintores sin mantenimiento.
“Hubo llamados de auxilio”, enfatizan los allegados de las internas. Frente a la respuesta tardía y el desenlace trágico, se investiga un posible abandono de persona o homicidio agravado por abuso de función.
“La vida de Guadalupe era responsabilidad del Estado. Ingresó viva y salió sin vida. El Estado tenía la obligación legal de proteger su integridad”, señalaron sus abogados.
La causa avanza en la jurisdicción provincial, con el abogado Diego Casado encabezando la querella y promoviendo diversas medidas probatorias para esclarecer los hechos.
Entre las solicitudes están el examen de procedimientos ante incendios, el estado y mantenimiento de los equipos de emergencia, la identificación del personal de turno y el análisis de las cámaras de seguridad.
También se pide la declaración de testigos, internas y personal médico para reconstruir detalladamente lo ocurrido antes, durante y después del incendio.
Familias de las fallecidas también solicitan aclarar si se intentó coordinar o manipular testimonios del personal penitenciario; se cree que algunos agentes pudieron haberse reunido con autoridades antes de declarar, generando sospechas sobre la transparencia del proceso y un posible encubrimiento.
A dos meses de la fatalidad, los familiares reafirman su demanda y perseveran en la búsqueda de justicia para evitar la impunidad en el caso.