Una investigación llevada a cabo en las provincias de Entre Ríos y Río Negro reveló numerosos casos de explotación laboral y empleo infantil, bajo la supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Durante las operaciones, se identificaron 28 empleados con condiciones laborales y de vida inadecuadas, en coordinación con la Policía Federal.
En Entre Ríos, específicamente en San Benito, la intervención se inició gracias a una denuncia recibida a través del número 0800. Se constató que cinco personas trabajaban “hasta 12 horas al día, de lunes a sábado”.
La indagación descubrió que los trabajadores fueron reclutados a través de redes sociales, y posteriormente “el empleador los trasladó y los sometió a un esquema de deudas”.
Según las fuentes involucradas, las víctimas residían en una caseta de madera en condiciones extremas de insalubridad, “durmiendo en colchones en mal estado, sin utensilios de cocina, con un retrete improvisado y sin un suministro de agua potable adecuado”. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal de Paraná.
Investigación en Viedma revela “situaciones críticas de trabajo infantil”
Un operativo similar tuvo lugar en Río Negro, bajo la coordinación de ARCA y en colaboración con otras entidades como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE), la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal Argentina.
En la ciudad de Viedma, “tres propiedades dedicadas al cultivo hortícola fueron inspeccionadas”, encontrándose 23 trabajadores con “infracciones laborales”.
La situación fue particularmente crítica al descubrir “casos de trabajo infantil severo”, como el de una adolescente de 15 años que ha estado desempeñando labores de recolección y empaque desde los 12 años. Su remuneración era apenas de $10.000 por semana.
Además, una joven de 17 años declaró haber trabajado y residido en el lugar desde los 15 años. También se encontró una trabajadora de origen boliviano que carecía de documentación.
Implicaciones legales y acciones futuras
Estos descubrimientos condujeron a la presentación de una denuncia en la Fiscalía Federal de Viedma “con el fin de investigar las posibles responsabilidades penales”.
Con estas medidas, los organismos implicados destacaron en un comunicado su compromiso para “reforzar la lucha contra la explotación laboral y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores en el país”.