El 14 de enero marcó un antes y un después en la vida de Agostina Páez, una abogada argentina que enfrentó posibles cargos de prisión por acusaciones de racismo tras un incidente en un bar de Ipanema, Río de Janeiro. Los empleados del lugar la denunciaron por su conducta ofensiva y gestos inapropiados.
En los 70 días que siguieron, la única persona en quien encontró apoyo fue Carla, una trabajadora de un supermercado al que Agostina frecuentaba, siempre tratando de pasar desapercibida. Carla no solo la escuchaba, sino que también le brindó consuelo durante su estadía en el extranjero bajo amenazas.
El apoyo inesperado de Carla
Carla, una joven brasileña de ascendencia africana, se convirtió en su confidente, discutiendo extensamente sobre el racismo en Brasil y ofreciéndole apoyo emocional. A pesar de su difícil situación, Carla no juzgó a Agostina, incluso la acompañó en salidas para ayudarla a sobrellevar el difícil momento.
Aquél miércoles, Agostina estaba preparada para regresar a su ciudad natal, Santiago del Estero, junto a sus dos amigas. Sin embargo, sus planes cambiaron abruptamente cuando recibió un mensaje de WhatsApp convocándola a la comisaría N° 11 de Rocinha.
Al principio, pensó que podría ser una estafa, pero al recibir un segundo mensaje con detalles oficiales del cargo por injuria racial, decidió presentarse. En Brasil, este delito conlleva una pena de hasta 5 años de prisión.
Un nuevo comienzo tras el proceso judicial
Al salir de la comisaría, su mundo pareció desmoronarse. Los insultos no tardaron en llegar y se hizo consciente del alcance y la viralidad del incidente cuando vio su imagen en las pantallas de televisión de los restaurantes locales.
“Fueron días de mucho dolor y angustia”, recordó Agostina, compartiendo cómo era salir a comprar, cubierta para evitar ser reconocida debido a las amenazantes reacciones que provocó el caso.
Agostina pasaba sus días en un departamento en las afueras de Barra de Tijuca. Las videollamadas eran una constante con su familia y amigas, siendo la comunicación una de sus pocas conexiones con su hogar en Argentina.
Su situación judicial llegó a su punto más crítico el 6 de febrero, cuando recibió una orden para ser arrestada y llevada a una comisaría; esto le provocó un ataque de ansiedad. Finalmente, un habeas corpus permitió que continuara en arresto domiciliario con una tobillera electrónica hasta que se resolviese su situación legal.
El desenlace fue una audiencia ante el Tribunal Penal N° 37 de Río, donde pidió disculpas de nuevo y se llegó a un acuerdo: reparaciones económicas y la obligación de realizar trabajos comunitarios. Agostina espera con alivio regresar a su hogar, donde lo más preciado la espera: su hermana, amigas y cachorro.