“Inspirada en hechos verídicos”, es la advertencia con la que inicia “Belén”. Esta película, dirigida por Dolores Fonzi y lanzada recientemente, narra la historia de una joven de Tucumán que llegó al hospital con intensos dolores abdominales que rápidamente se convirtieron en hemorragia. Fue acusada de deshacerse de un feto –”su hijo”– en un inodoro. Lejos de recibir apoyo, fue arrestada y condenada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Después de pasar casi tres años en prisión, una abogada feminista descubrió su historia y logró su absolución en solo tres meses. Belén no estaba al tanto de su embarazo.
Belén no es el verdadero nombre de esta joven, quien optó por el anonimato y se mudó lejos de Tucumán. Hay múltiples casos como el de Belén en Argentina: mujeres criminalizadas después de eventos obstétricos o abortos espontáneos, que enfrentan arrestos, acusaciones, procesos judiciales y encarcelamiento.
Historia Legal del Aborto en Argentina
Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal de Argentina contempla excepciones a la penalización del aborto cuando la salud o la vida de una mujer está en riesgo, o si el embarazo es consecuencia de una agresión sexual. En 2012, la Corte Suprema no solo reafirmó este derecho, sino que también determinó que los abortos permitidos no deberían ser objeto de intervención judicial, y consideró cualquier demora en los procedimientos como una forma de violencia institucional.
Persistencia de la Criminalización tras la Ley de Aborto
A pesar de estos antecedentes, en 2020 se publicó un informe titulado “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina”. Este documento, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y varias investigadoras, reveló que entre 2012 y 2020, al menos 1,532 casos relacionados con abortos, y 37 referentes a eventos obstétricos, fueron sometidos a la justicia bajo las acusaciones de “homicidio” o “abandono de persona”.
En diciembre de 2020, la legalización del aborto fue finalmente aprobada. Desde entonces, todas las mujeres pueden solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, o la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) si su salud o vida están en riesgo, o si el embarazo resulta de una violación.
No obstante, la criminalización no cesó. “Desde 2020 hemos identificado al menos a 22 mujeres denunciadas. De estas, 7 están esperando juicio, 8 ya fueron condenadas y al resto hemos conseguido liberarlas, sin contar casos en la provincia de Tucumán”, declara Rosana Fanjul, miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en una entrevista con Clarín.
Casos Significativos de Criminalización
Fanjul menciona varios casos representativos: en 2021 en Buenos Aires, “la China” fue encarcelada en Ezeiza pero liberada durante el mundial de Qatar después de ser declarada inocente. La fiscal incluso le pidió disculpas por no identificar correctamente su estado de emergencia obstétrica. Ana, en Corrientes, y Mimi, de Moreno, también fueron liberadas después de experiencias similares de encarcelamiento injusto.
En otras regiones como La Pampa y Misiones, se han logrado liberar injusticias similares, pero aún existen mujeres enfrentando procesos judiciales o encarceladas por motivos similares. En ciertas provincias como Salta y Santa Fe, las acusaciones han sido finalmente desestimadas, mientras que en Santiago del Estero se enfrentan a un número de procesos abiertos.
Prejuicios y Violencia Institucional
Fanjul afirma que muchas de las acusaciones se originan en eventos obstétricos que son tratados injustamente como homicidios debido a prejuicios religiosos y otros sesgos. Estas situaciones evidencian un ensañamiento cultural y judicial que persiste contra las mujeres, apoyado por discursos gubernamentales confusos que validan enfoques conservadores.
También están los relatos de otras como Juana, cuyo caso es sorprendentemente similar al de Belén. Aunque Juana reside en Moreno, sus vivencias reflejan la misma persecución: en agosto de 2020, tras desmayarse en su casa, fue llevada al hospital donde se inició un proceder similar de acoso y criminalización.
Ella fue sometida a un legrado sin anestesia, lo que la despertó debido al dolor. En medio de su confusión y sufrimiento, fue esposada, acusada y posteriormente arrestada. Su proceso sigue en desarrollo, mientras aguarda juicio.