Crisis en el sistema universitario
“Las universidades se encuentran en una situación crítica como nunca antes. La fuga de docentes y el deterioro de la calidad académica están posicionando al sistema universitario al borde del colapso”.
Esos son parte de los conceptos que se están elaborando en un contundente documento por parte de los rectores de las universidades nacionales. Dicho documento será presentado este viernes cuando se realicen las elecciones de las nuevas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cual reúne a las 57 universidades estatales del país.
De acuerdo a fuentes de Clarín, el próximo líder del organismo será Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, quien está vinculado a Jaime Perczyk, el ministro de Educación durante los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández. Alpa fue responsable de las Políticas Universitarias bajo Perczyk, y tomará el relevo del radical Víctor Moriñigo.
Nuevos líderes universitarios
Oscar Alpa es conocido por tener una excelente relación tanto con rectores peronistas como con los de otras orientaciones políticas. También mantiene una buena conexión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien también es del movimiento peronista.
El CIN tomó un rol decisivo el año pasado debido a un fuerte enfrentamiento con el gobierno de Javier Milei respecto al financiamiento de las universidades. Lideraron dos manifestaciones, una en abril y otra en octubre, siendo la primera de alcance nacional y muy concurrida.
A pesar de las diversas opiniones que pueden existir entre los rectores debido a su ubicación geográfica y sus afinidades políticas, hoy en día existe un acuerdo para volver a luchar por el financiamiento. Incluso, están considerando la posibilidad de organizar otra marcha de protesta, aunque aún no se ha definido la fecha.
Impacto del ajuste presupuestario
El CIN asegura que “el contundente recorte en el sector de investigación y ciencia” está comprometiendo la operación regular de las universidades. En 2025, el presupuesto se vio disminuido en un 35%, lo cual ha llevado a espaciar incluso los servicios de limpieza y realizar ajustes en cursos y comisiones académicas.
Se denuncia la eliminación total de las obras de infraestructura universitaria y la paralización de muchas que estaban en avance considerable. Además, las becas se han recortado y sus valores se mantuvieron sin cambios desde mediados del año pasado, siendo insuficientes para las necesidades de los becarios.
“La situación empeora no solo por el veto a la ley de financiamiento educativo, sino también por la carencia de un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso. Esto permite al Poder Ejecutivo manejar discrecionalmente los fondos destinados a Educación”, sostienen los rectores del CIN.
Desde el Gobierno siempre argumentaron que el sistema universitario es costoso y poco efectivo, responsabilizando a los rectores por la situación. Uno de los críticos más duros ha sido el actual subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien llevó el tema a un plenario del CIN el año pasado.
El CIN ha tenido un sistema de dirección que alterna entre rectores radicales y peronistas. Un año le corresponde a un grupo político y al siguiente al otro. Actualmente, Oscar Alpa es el vicepresidente del CIN, y pronto asumirá como presidente. El radical Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, ocupará la vicepresidencia.
El conflicto entre universidades y el gobierno quedó fuera del foco mediático tras la aprobación presidencial del veto a la ley de Financiación Universitaria por parte del Congreso en octubre del año pasado.
Esa ley buscaba mejorar los sueldos del personal académico y administrativo hasta diciembre de 2023, estableciendo un nuevo mínimo salarial sujeto a acuerdos paritarios futuros.
Dado que esto no prosperó, los rectores dicen que en el último año los sueldos del personal universitario perdieron un 35% de poder adquisitivo, por lo que exigen una nueva ley de financiación y que se convoque a paritarias. Según ellos, todos los salarios fueron decididos por decreto.
También instan a “la sociedad en su conjunto” a comprometerse y respaldar un sistema universitario gratuito y de calidad, esencial para el progreso del país, anunciando que este viernes se decidirán -por consenso- “los próximos pasos a seguir”.