Conflicto Familiar por la Herencia
El caso data de más de treinta años. Un matrimonio con un considerable patrimonio elige distribuir su herencia en vida entre sus tres hijos, privilegiando al hijo varón con una porción sustancialmente mayor. Tras el fallecimiento de los padres, la hermana mayor decide llevar el tema a los tribunales, quienes fallan a su favor y ordenan al hermano compensarla económicamente. Inconforme, él recurre a la Corte Suprema y, mientras espera la resolución, disimula sus activos en una maniobra que le vale una acusación de defraudación.
El Contexto Legal
Cristina Zuccardi, quien encabeza la reclamación, comenta a Clarín que acusar legalmente a su hermano no era su intención inicial, pero los intentos de él por deshacerse de sus bienes son evidentes y, como resultado, ha sido imputado. Una situación que se conecta con la reconocida familia mendocina Zuccardi, célebre por su bodega.
Según el Ministerio Público Fiscal, es demostrable que, en un periodo corto de 2024, José Alberto Zuccardi, a través de actos aparentemente legítimos, desestabilizó su situación patrimonial al ocultar de forma malintencionada bienes y disminuir fraudulentamente su valor, con el objetivo de eludir obligaciones cívicas impuestas por una sentencia, afectando así los derechos de su hermana María Cristina Zuccardi.
Antecedentes y Descubrimientos
El análisis de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos expone delitos de insolvencia fraudulenta combinados con defraudación por contrato simulado. José Alberto Zuccardi fue acusado como el principal autor, mientras que Pedro Giovannello, apoderado de la bodega, como parte implicada.
En 1992, Emma Cartellone y Alberto Victorio Zuccardi distribuyeron entre sus hijos -Cristina, José y Ema- partes iguales de acciones en Cimalco S.A y Cimalco Neuquén S.A y otorgaron a José el control total de La Agrícola S.A. Se comprometió a dar a sus hermanas vino blanco de menor categoría como compensación. El padre falleció en febrero de 2014.
Cristina Zuccardi nunca estuvo conforme y esperó que su hermano reconsiderara, pero al no suceder, en 2018 presentó una demanda, no solo para ella sino también pensando en sus hijos, ya que percibía la desigualdad como algo que perjudicaba también a los nietos. El litigio pasó por varias instancias, hasta que la Suprema Corte de Mendoza no solo ordenó a José compensar a su hermana con doce millones de dólares, sino que además destacó la visión de género del fallo.
La jueza María Teresa Day señala en su fallo que la actora recibió un trato injusto por el hecho de ser mujer, calificando de estereotipada la decisión familiar que subestimó las capacidades femeninas para gestionar la principal empresa familiar, un contraste que ha afectado también a las generaciones posteriores.
En la sentencia se detallan los valores en discusión: el mercado valoró La Agrícola cerca a los 104 millones de dólares al morir el padre, mientras Cimalco SA y Cimalco Neuquén SA alcanzaban valores inferiores. En conjunto, el patrimonio sumaba cerca de 119 millones. Cristina se había beneficiado con aproximadamente 7,8 millones, mientras su hermano recibió casi 95 millones. El fallo lo obliga a desembolsar un monto adicional de 12 millones para equilibrar la inequidad.
Acusaciones de Desvío de Bienes
A pesar de que José Zuccardi se opone a la tasación de las empresas al momento del deceso de su padre y cuestiona el antecedente que este fallo puede significar para otras familias, alguna de sus acciones recientes han sido documentadas como tácticas para eludir sus responsabilidades judiciales, según relata la acusación formal que menciona como cómplice a Pedro Giovanello.
Con el objetivo de dificultar el cumplimiento de sus compromisos legales con Cristina, efectuó transferencias y movimientos de activos que aparentan engaño. José trasfirió por ejemplo acciones significativas y emprendió hipotecas en propiedades a través de su posición en La Agrícola SA, impactando negativamente en su patrimonio.
Por otra parte, en 2024 se registró una cesión gratuita de marcas valiosas a Viña Santa Julia S.A, cuantificadas en 40 millones de dólares, lo que representa otra estrategia de despojo patrimonial.
La Búsqueda de Justicia
Cristina describe estas acciones como una burla no solo a ella, sino al sistema judicial, afirmando su necesidad de apelar para rectificar una injusticia persistente que afecta a las generaciones futuras. El delito de defraudación por insolvencia fraudulenta podría acarrear penas de prisión, y mientras tanto, los acusados han acertado pagar una fianza de diez mil dólares, esperando la respuesta final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.