La determinación del Gobierno de finalizar abruptamente las triangulaciones de los aportes de la seguridad social ha desencadenado en las últimas horas las primeras reacciones en el ámbito judicial. Según pudo averiguar Clarín, tres obras sociales ya han recurrido a la Justicia con amparos para intentar detener el avance del plan gubernamental. Se anticipa que, en los próximos días, podrían surgir planteamientos similares.
Hasta ahora, las entidades que han acudido a las instancias judiciales incluyen la Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino (Ospaca), la Obra Social del Personal Naval (Ospena) y la Obra Social del Personal Mosaistas (OSPM). La intención del Gobierno es eliminar los “sellos de goma” que retienen un porcentaje de las contribuciones de los trabajadores desregulados y transfieren el remanente. No obstante, no todas las obras sociales afectadas operan de esta manera, ya que algunas poseen su propia red de proveedores.
Los amparos fueron presentados ante los Juzgados Civiles y Comerciales números 5, 7 y 10, respectivamente, en contra del Ministerio de Salud de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), impulsoras de la resolución oficial emitida el pasado 31 de enero. Esta normativa busca agilizar el traspaso de los aportes de los afiliados, estableciendo un plazo de dos meses para que quienes deseen continuar en la obra social, en lugar de en la prepaga, puedan hacerlo.
El reclamo de inconstitucionalidad
Clarín tuvo acceso a la presentación de Ospaca, un documento de 22 páginas que alega la inconstitucionalidad de dicha resolución. Según la abogada María Laura Tochi, “la imposición de esta medida atenta contra el derecho de propiedad de las obras sociales, ya que decide unilateralmente sobre las contribuciones que forman parte del sistema de seguridad social, violando los principios de solidaridad y equidad que lo sustentan”.
Tochi agrega que la resolución 1/2025 entra en conflicto con normas de mayor jerarquía, como leyes y decretos que regulan el sistema de salud. Advierte que “la normativa vigente asigna a las contribuciones una naturaleza de recursos obligatorios dedicados exclusivamente al financiamiento del sistema de salud dentro de un esquema colectivo y solidario. Estos fondos no son pagos por servicios prestados, sino parte de un régimen de seguridad social público, regulado por el Estado”.
Consecuencias económicas
Esta nueva normativa impone una “expropiación encubierta de los recursos administrados por las obras sociales sin compensación ni debido proceso”, transgrediendo el artículo 17 de la Constitución Nacional. Esto provoca que la pérdida de afiliados y los fondos derivados de estos impacte en la capacidad financiera de las obras sociales para cumplir con sus obligaciones legales, comprometiendo la cobertura médica de los afiliados que permanecen en el sistema.
Entes como Ospaca han expresado junto a otras obras sociales que la falta de un plazo de adaptación ha generado una crisis operativa y económica, dada la necesidad de anticipar pagos para prestaciones, medicamentos y tratamientos por periodos de 60 a 90 días. Aunque la resolución fue publicada en el Boletín Oficial el 31 de enero, se derivaron retroactivamente los aportes de enero a las prepagas en febrero, causando este desajuste financiero.
Impacto en las tarifas de las prepagas
La incertidumbre persiste acerca de si el incremento de ingresos que ahora perciben las prepagas repercutirá en un descenso en las tarifas mensuales de los afiliados. Específicamente, en lo que refiere a los “sellos de goma”, las empresas de medicina privada tendrían que asumir ciertos costos administrativos. En los casos donde las obras sociales brindaban prestaciones de forma simultánea, ahora las prepagas deberán financiar esos costos.
Desde el Gobierno han señalado a Clarín que las empresas “transitan los 5 días en los cuales calculan sus ajustes, basados en el IPC del pasado jueves, junto al estudio del decreto que promueve cambios significativos en función del tipo de plan, más allá de un aumento general para todos los planes”. El entorno del ministro Mario Lugones espera que las empresas realicen un estudio exhaustivo para definir el ajuste.
Según se pudo saber, aunque ahora las prepagas reciben más dinero al gestionar directamente la totalidad de los aportes de los afiliados, no se muestran satisfechas con la necesidad de renovar un esquema de prestación consolidado durante años. Una de las prepagas más relevantes del país expresó que este cambio se ha realizado “sobrepasando la elección de la ciudadanía”.
En el sector se ha comenzado a considerar la posibilidad anticipada por Clarín en un contexto diferente al actual, de que finalizada la triangulación en un sentido (de las obras sociales a las prepagas), se perpetúe en sentido inverso; es decir, que las prepagas tercericen servicios con las obras sociales a cambio de un pago específico. Esta estrategia buscaría reconstruir el sistema afectado drásticamente, dejando fuera de juego solamente a los “sellos de goma” reales.