El pasado viernes, el Gobierno activó una serie de nuevas asignaciones presupuestarias, varias de las cuales fueron canalizadas hacia el Ministerio de Salud, mereciendo particular atención. En este contexto, la Agencia Nacional de Discapacidad ha recibido recursos adicionales significativos, en un intento por apoyar a una de las comunidades más vulnerables del país. Este organismo, conocido como ANDIS, ha estado en el ojo del huracán desde agosto, debido a las polémicas que lo rodean.
Esta controversia surgió a raíz de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, que aludían a una presunta red de corrupción que implicaría sobornos, desvíos de fondos y sobreprecios en medicinas, con la participación de empresarios del sector farmacéutico, intermediarios y altos cargos del gobierno.
No obstante, más allá de esta situación crítica que sigue involucrando a más personas, el decreto 849/2025 ha estipulado que la Agencia debe recibir ahora 173.032 millones de pesos adicionales. Estos fondos complementan los casi 5 billones de pesos que actualmente sostienen el funcionamiento del organismo, ejecutados en un 86% a medida que se acerca el final del año 2025.
En el entorno actual, las asociaciones de familiares de pacientes han mantenido un bajo perfil, a pesar de que las quejas sobre la perenne falta de atención al sector son reales y continuas. Estas preocupaciones se manifiestan, especialmente cuando se reducen los servicios a causa de profesionales o instituciones que consideran insuficientes las tarifas brindadas por ANDIS por sus servicios.
Recientemente, el Gobierno anunció que no aplicaría la nueva ley de Emergencia en Discapacidad, pero el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comunicó un aumento del 29% al 35% en tres fases, trayendo un respiro a pesar de la obsolescencia del gran “nomenclador” que la agencia no actualizaba desde hace meses.
Aun así, estos incrementos, distribuidos en tres etapas, son independientes de los 176.000 millones adicionales autorizados ahora.
Presupuesto dirigido al Ministerio de Salud
Desde la falta de un presupuesto nacional oficial desde 2023, está claro que el ANDIS no es la única entidad dentro del ámbito del ministerio liderado por Mario Lugones que enfrenta desafíos financieros.
Ejemplo de ello son los 61.097 millones de pesos destinados al fortalecimiento de los sistemas de salud provinciales. Este dinero se utilizará para la financiación de los padrones de Cobertura Efectiva y Universal, así como para elevar el fondo nacional de equidad en salud (FONES).
Además, se asignarán 25.000 millones de pesos a la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC; antes DADSE); 9.000 millones se usarán para financiar “medicamentos en el acuerdo del Ministerio de Salud con PAMI”, según el ministerio encabezado por Lugones, y “7.900 millones se destinarán a la asistencia médico-social y económica de niños y adolescentes con cáncer y sus familias, según la Ley de Oncopediatría”.
De acuerdo con el primer anexo del decreto, dos entidades adicionales también recibirán fondos extra: la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) recibirá algo más de 8.600 millones de pesos para un programa de atención a individuos con problemas de consumo.
Asimismo, el grupo de hospitales, incluidos tanto los nacionales como los SAMIC (que tienen una gestión mixta con alguna jurisdicción), recibirán financiamiento para personal y funcionamiento, asegurando la prestación de servicios asistenciales.
Asignaciones a hospitales públicos
Entre las instituciones destinatarias de esta inyección de fondos está el Hospital Garrahan, el cual ha tenido disputas con la administración actual, recibiendo $ 342.8 millones adicionales. Por su parte, el Hospital El Cruce de Florencio Varela y el Cuenca Alta Néstor Kirchner obtendrán $ 1.476 millones y $ 8.000 millones, respectivamente.
También se han previsto sumas para hospitales nacionales dedicados a la salud mental como el “Laura Bonaparte” ($ 1.727 millones), el “Baldomero Sommer” ($ 3.700 millones), el Instituto Malbrán ($ 3.000 millones), el Hospital Posadas (más de $ 4.700 millones) y casi $ 5.000 millones para el “Ramón Carrillo”.
El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría también será beneficiario de 8.000 millones de pesos. Lo llamativo es que es el único hospital con un desglose de gastos corrientes y de capital, que ascienden a $ 136.562 millones. A la redacción de este artículo, se esperaban detalles adicionales del Ministerio de Salud sobre estos fondos.
Aumento de presupuesto para la ANDIS
En contraste con las asignaciones previas, los 173.032 millones de pesos destinados a la ANDIS servirán para obedecer una orden judicial que demanda restablecer o retrotraer 86.000 pensiones no contributivas de invalidez laboral. Estas pensiones habían sido recortadas en una auditoría que supuestamente encontró irregularidades en el registro de beneficiarios, como explicó Manuel Adorni, entonces vocero presidencial.
Este golpe judicial explica la magnitud de los fondos, superfiriendo la única otra asignación para el ANDIS de este año, que consistió en 444.885.000 pesos en abril, utilizados para gastos operativos del organismo.
Financiamiento para universidades y otras áreas
Sin tomar en cuenta varios ajustes al presupuesto de sociedades con participación estatal, el pasado viernes se introdujeron nuevas asignaciones para sectores como educación, defensa y servicios previsionales.
El decreto especifica incrementos para la caja de retiros de la Policía Federal y para abordar juicios relacionados con pensiones militares. También otorga fondos al Ministerio de Capital Humano, cubriendo tanto el programa Alimentar como proyectos educativos.
Este último punto pretende cubrir gastos resultantes de la política salarial para personal docente y no docente en las universidades nacionales, según lo publicado en el Boletín Oficial.
Se han destinado también fondos para la compra de computadoras y becas del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR), comedores escolares y la extensión de la jornada escolar.
Finalmente, programas nacionales como “Volver al Trabajo” y “Fomentar” y aquellos respaldados por ANSES han recibido fondos, expandiendo la cobertura de beneficios previsionales y subsidios familiares.