Un hombre de 77 años fue sentenciado a tres años de prisión en suspenso este viernes por el Tribunal Oral Federal de Paraná debido al transporte ilegal de explosivos. El individuo fue sorprendido en 2024 recorriendo el país con media tonelada de dinamita oculta en una camioneta 4×4, lo cual fue calificado por la fiscalía como un riesgo significativo para la sociedad.
La historia involucra a Alberto Barnada, un jubilado misionero dedicado al comercio de equipos utilizados en la construcción y minería, quien fue interceptado en un control rutinario de carretera mientras viajaba desde Córdoba hacia Misiones con la peligrosa carga en la caja del vehículo.
Trayectoria del recorrido
El 11 de junio de 2024, Barnada inició su viaje con 500 kg de Gelamón V.F. 65%, un tipo de dinamita producido en Villa María por Fabricaciones Militares, que se usa en ámbitos como la minería y la construcción.
Luego de dejar la provincia de Córdoba, atravesó Santa Fe y continuó hacia Entre Ríos, cruzando por el túnel subfluvial. Este cruce prohíbe completamente el transporte de material explosivo debido a los riesgos que implicaría un incidente bajo el agua.
Incidente en el control caminero
Según la reconstrucción, Barnada pasó la noche en Cerrito, donde dejó la camioneta estacionada cerca de una gasolinera. Este suceso fue relevante en los argumentos de la fiscalía.
La fiscal Valeria Esponda destacó la peligrosa situación de tener una camioneta con media tonelada de explosivos estacionada cerca de una estación de servicio. Al día siguiente, el viaje continuó, quedando la mitad del trayecto hacia Misiones. Sin embargo, un control rutinario en el Puesto Caminero Santa María, ubicado en el kilómetro 496 de la ruta nacional N°12, detuvo el vehículo.
Barnada se sintió presionado y afirmó que transportaba agroquímicos cuando los oficiales le preguntaron sobre el contenido de la carga. Al inspeccionar, encontraron 20 cajas de cartón etiquetadas con algo diferente, cubiertas por trapos.
Las cajas contenían cada una 15 panes de explosivos. El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el gobernador Rogelio Frigerio, elogiaron a los policías que descubrieron la carga.
Barnada no tenía documentos que permitieran el transporte. Había adquirido el material a la empresa FATMAN, un nombre simbólico relacionado con la historia militar estadounidense.
Durante el juicio, expertos en explosivos señalaron que la camioneta no contaba con sistemas anti chispa necesarios para un traslado seguro. Además de los explosivos, se confiscaron la camioneta, dispositivos electrónicos, herramientas para construcción y una suma de 97.150 pesos en efectivo.
La defensa, liderada por Andrés Bacigalupo, solicitó la absolución y argumentó que la falta de detonadores hacía al material inofensivo. Sin embargo, la fiscalía, dirigida por José Ignacio Candioti, subrayó la cantidad de dinamita comparable a la utilizada en atentados, y pidiendo una pena mayor debido a la gravedad del acto.
El imputado admitió ante la justicia que no contaba con ninguna autorización ni cumplía con las regulaciones para transportar ese material, reconociendo su error.
De acuerdo con la normativa vigente en 2024, era indispensable estar registrado en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para manipular tal material.
Finalmente, la jueza federal Noemí Berros dictó una sentencia de tres años de prisión condicional. La fiscalía además solicitó que la camioneta fuera asignada a la provincia, mientras que el explosivo incautado estaba previsto para ser destruido.