Una vez más, Julieta Silva enfrenta dificultades legales. Conocida por el caso en que atropelló fatalmente a Genaro Fortunato en Mendoza en 2017, Silva se encuentra ahora arrestada en su domicilio con una tobillera electrónica. Esto ocurre tras ser acusada por su esposo, Lucas Giménez, de agresión física, tras haber pasado brevemente por la cárcel.
Ahora cuenta con la defensa de Roberto Castillo, conocido por ser la pareja de la bailarina mediática Cinthia Fernández, y quien asumió recientemente su representación legal.
Castillo se trasladó a San Rafael para liderar la defensa de Silva. Él mismo relató cómo fue su decisión de acercarse a Silva para ofrecerle ayuda legal: “La situación de Julieta es conmovedora porque ha sido objeto de estigma tanto en la sociedad como en el ámbito judicial”.
Durante su participación en el programa televisivo Curiosos del Poder en San Rafael, Castillo expresó su opinión sobre el caso: “Julieta vivió una tragedia en 2017, y eso la ha marcado socialmente”, subrayó Castillo, refiriéndose a la muerte del jugador de rugby Genaro Fortunato por la que Silva fue condenada, en un homicidio culposo, sin intención de matar, con una pena inferior a tres años de cárcel.
Estrategia de defensa
En la reciente situación legal donde su esposo la acusa de agresión física, amenazas y confinamiento en un baño, Castillo analizó las acusaciones hechas contra Silva, sosteniendo que “hubo un intento de adjudicarle culpas a Julieta sin fundamento sólido”.
“Observamos un claro sesgo judicial en su contra, resuelto anteriormente con un fallo por homicidio culposo, que fue un accidente sin intención”, argumentó Castillo.
Criticando la labor de algunos funcionarios en el nuevo proceso, Castillo declaró: “Las acusaciones contra ella están mal sustentadas. En Buenos Aires, en situaciones similares, las mujeres no son encarceladas. Es claramente un tema familiar para resolver mediante terapia y educación en convivencia”.
“Consideramos que Julieta fue mal defendida anteriormente. No fue escuchada. Debió haber compartido lo que me ha dicho, salvo que no se lo haya comunicado a sus antiguos abogados. Ella tiene una verdad que conmueve”, afirmó Castillo.
Acusaciones mutuas
Castillo planea demostrar que Giménez inventó una narrativa de violencia con el propósito de asegurarse una ventaja en caso de separación. Según el abogado, “esta situación fue premeditada, para influir tanto en la percepción social como judicial en caso de conflicto o ruptura”.
Silva ha presentado denuncias contra Giménez alegando violencia de género. Castillo asegura que se trata de “una relación conflictiva”. Añade: “Se enfoca mucho en los antecedentes de Julieta, pero poco se menciona sobre las denuncias cruzadas de Giménez con una expareja, que incluso incluyen órdenes de restricción”.
“Lucas ha expulsado a Julieta de casa en cinco ocasiones, aun estando ella embarazada. Existen detalles cruciales que ella debe exponer”, enfatizó su defensor.
A la espera de su declaración, Castillo expresó: “Le sugerí que, por respeto a la justicia, primero comparta su historia en ese ámbito y luego en los medios, ya que su relato es verdaderamente impactante. Alguien puede seducirte con comprensión, haciéndote creer que has encontrado a quien te apoyará, pero luego esa persona se convierte en un obstáculo porque su palabra, en comparación con la tuya, tiene más peso socialmente”.
El pasado viernes, Julieta Silva fue liberada de la prisión de San Rafael para pasar a arresto domiciliario con tobillera electrónica. Actualmente está acusada por lesiones leves agravadas, confinamiento ilegal agravado y desobediencia a una orden judicial respecto a Giménez y una de sus hijas, enfrentando así una prisión preventiva por ser reincidente.
Condena en el caso Fortunato
En el 2017, Silva y su pareja de tres meses, Gerardo Fortunato, acudieron al club nocturno La Mona en San Rafael. Tras discutir, Silva se marchó sola en su automóvil, un Fiat Idea propiedad de su exesposo. Mientras Fortunato intentaba hablar con ella desde la ventanilla, Silva arrancó el coche y él cayó al suelo tras correr algunos pasos junto al vehículo.
La justicia estableció que el incidente fue accidental. En su defensa, Silva expresó que no lo vio y que pretendía regresar para devolver su teléfono móvil.
Finalmente, en 2018, Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado debido a conducción negligente e imprudente, además de recibir una prohibición de conducir por ocho años.
SMB