En España, se ha iniciado una campaña enérgica para combatir la “impunidad en redes sociales”. No solo se impedirá el acceso a menores de 16 años, sino que también se penalizará la manipulación de algoritmos.
Este conjunto de cinco acciones fue anunciado por el presidente Pedro Sánchez durante su discurso en la Cumbre Mundial de Gobierno, en Dubái. Esta medida representa uno de los esfuerzos más serios en Europa, con el objetivo de reducir la influencia de las grandes plataformas digitales sobre niños y adolescentes.
Según el mandatario, “las redes sociales se han transformado en un territorio sin ley, donde se ignoran las reglas y se consienten delitos”. Como solución primordial, se impondrá a las empresas tecnológicas la implementación de métodos efectivos para verificar la edad, lo cual se viabilizará mediante una modificación de la ley de protección de menores en entornos digitales, actualmente en proceso legislativo en el congreso español.
Sánchez enfatizó que el objetivo es “protegerles del caos del mundo digital”, describiéndolo como un ambiente sin normativa clara donde abundan contenidos violentos, discursos de odio, desinformación y patrones adictivos que impactan especialmente a los jóvenes.
Prohibición de acceso para menores de 16 años
Esta restricción es más estricta que otras en el continente, ya que no permite excepciones, ni siquiera con permiso de los padres.
El proyecto legislativo para proteger a los menores online, respaldado por el Ministerio de Juventud e Infancia, ya prevé que sea necesario tener al menos 16 años para registrarse. Actualmente, permite abrir cuentas con el consentimiento de los padres, pero esta opción desaparecería si la propuesta de enmienda prospera en el Congreso.
Implementación de verificaión de edad
El plan del Gobierno español apunta directamente a las plataformas digitales, que estarían forzadas a instaurar sistemas sinceros para verificar la edad. Según adelantó el presidente, no será suficiente con simples declaraciones o casillas de confirmación. Las empresas deberán asumir la responsabilidad de garantizar que los menores no eludan estos controles fácilmente.
Sanciones penales
El anuncio forma parte de un conjunto más amplio de reformas destinadas a endurecer el marco legal sobre el manejo de las redes sociales. En esta línea, el Ejecutivo español propone un sistema en el que los responsables de las plataformas podrían enfrentar sanciones penales si no eliminan rápidamente contenidos ilegales o dañinos.
El principio que se persigue es dejar atrás un modelo que se enfocaba casi exclusivamente en sanciones financieras y avanzar hacia una responsabilidad individual sobre los actos.
Regulación sobre algoritmos
Un aspecto clave del proyecto se centra en la regulación de los algoritmos. Se pretende considerar como delito la manipulación intencionada de estos sistemas para expandir mensajes de odio, desinformación o contenido ilegal.
Hasta ahora, el debate sobre el papel de los algoritmos era mayormente técnico, sin embargo, pasará a ocupar un lugar central en la discusión política y legal.
Discursos nocivos y polarización
Paralelamente, se trabajará en el diseño de herramientas que midan y rastreen el alcance de discursos de odio y polarización en el entorno digital, buscando contar con indicadores que permitan intervenciones tempranas. Asimismo, se busca mejorar la coordinación con las fiscalías para investigar delitos en redes sociales utilizando inteligencia artificial.
Esta iniciativa se basa en una visión cada vez más generalizada entre los gobiernos europeos: las normas actuales son insuficientes para proteger a los menores en el entorno digital. No es solo España que avanza en esta dirección.
Recientemente, Francia logró media sanción para suprimir el uso de redes sociales por menores de 15 años. Australia ya prohíbe su uso a menores de 16 años, citando la prevención de problemas de salud como motivo. El proyecto español es más riguroso, ya que amplía las responsabilidades. Aquí, siguiendo el ejemplo australiano, la Ciudad anunció en diciembre que llevará el debate sobre menores y redes al ámbito nacional. Sin embargo, aún no hay una normativa específica para la protección digital infantil.
Desafíos en el proceso legislativo
El camino legislativo en España se anticipa complicado. El gobierno no tiene una mayoría absoluta en el Congreso y deberá buscar aliados para que la propuesta prospere. Además, se espera que las plataformas digitales ejerzan fuerte presión, ya que anteriormente han expresado sus reservas sobre regulaciones que consideran difíciles de aplicar internacionalmente.
Este anuncio reactiva una discusión crucial que ocupa a muchas sociedades: hasta qué punto debe el Estado intervenir en la regulación del mundo digital y quién asume el costo de proteger a los menores en un espacio que, para miles de adolescentes, es ya inseparable de su vida diaria.
MG