En América Latina, la proclamada “guerra contra las drogas” iniciada en la década de los 90 llenó de mujeres humildes las cárceles. En este contexto, en Argentina, la Defensoría General de la Nación impulsó una iniciativa para reconsiderar la teoría del delito desde un enfoque de género, evitando sentencias injustas. El caso de Sabina Tola, una indígena boliviana detenida en Salta, aludida de transportar estupefacientes y más tarde absuelta, se erige como un ejemplo emblemático de esta nueva perspectiva. Esto demostró cómo, al integrar contextos de violencia y desigualdad estructural, se transforma no solo el fallo sino también la manera de juzgar.
Saliendo del expediente: el caso de Sabina
Después de pasar cinco meses privada de su libertad, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta finalmente optó por escuchar a Sabina desde un prisma diferente. Durante ese periodo, su experiencia se redujo a un expediente y a una imputación aparentemente irrefutable. La acusación aseguraba que transportaba drogas, lo cual era suficiente para su condena. La fiscalía argumentó que la pobreza no justificaba un delito, pero no se investigó quién era realmente Sabina, de dónde venía, qué violencias sufría y su posición en la cadena delictiva que la criminalizaba.
Encarcelamiento masivo de mujeres
La historia de Sabina es una de las muchas dentro de un fenómeno de creciente encarcelamiento de mujeres pobres por delitos menores no violentos en América Latina. Según Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, una política implementada desde Estados Unidos produjo un efecto secundario profundo: el encarcelamiento masivo de mujeres pobres. Muchas enfrentaban penas severas por faltas menores, principalmente relacionadas con el narcotráfico de menor escala.
Impacto en la familia y sociedad
Antiguamente, las mujeres solían representar una pequeña fracción de la población en prisión. Sin embargo, de acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, de 1990 a 2017, el número de reclusas aumentó 205%. En 2017, el 85% de estas mujeres estaban encarceladas por infracciones vinculadas a la Ley 23.737 sobre drogas, muchas sin condenas previas y siendo el único sostén de sus familias.
Sabina Tola ejemplifica este patrón. Mujer pobre de una comunidad quechuahablante, bajo dependencias económicas y contextos violentos, fue acusada de transportar casi dos kilos de cocaína. Su historia incluye analfabetismo, trabajo infantil, maternidad adolescente y migración, ignoradas en el juicio que solo valoró la cantidad de droga encontrada.
Justicia penal y rectificación del juicio
El funcionamiento del sistema penal en estos casos era predecible, sin cuestionar elementos esenciales como el auténtico dolo, el control sobre los estupefacientes o la autonomía en las decisiones. Según Asensio, la Justicia carecía de herramientas conceptuales para incluir las vivencias femeninas en su análisis delictivo. La vulnerabilidad solía considerarse solo para mitigar la pena, sin afectar la condena.
Repensar la teoría del delito desde el género
La Defensoría, bajo el liderazgo de Stella Maris Martínez hasta 2026, comenzó a cambiar esta visión. A través de una investigación exhaustiva y capacitaciones, se impulsó una modificación fundamental: replantear la teoría del delito desde una perspectiva de género. Esto implicó construir argumentos concretos, ilustrar contextos reales y proponer una reinterpretación jurídica profunda.
Este cambio institucional permitió reconocer la historia de Sabina, quien finalmente pudo demostrar que actuó coaccionada y en un escenario de alta vulnerabilidad, logrando su absolución. El proceso mostró que cuando la perspectiva de género incide en el análisis jurídico, el sistema se humaniza y torna más justo.
La realidad más allá de Sabina
La incorporación del enfoque de género en juicios de delitos de drogas ha tenido un impacto tangible tanto jurídico como humano. Las defensorías empezaron a cuestionar las imputaciones desde etapas tempranas, logrando sobreseimientos y absoluciones donde antes casi siempre había condenas. La jurisprudencia comenzó a reconocer elementos como la falta de dolo y el contexto de coacción.
El lente de género reveló las vulnerabilidades detrás de las conductas penadas, sugiriendo una reinterpretación más justa del derecho. Aunque el cambio cultural e institucional fue profundo, aún queda mucho por hacer. La población femenina en cárceles sigue siendo un pequeño porcentaje, pero su encarcelamiento está mayormente relacionado con drogas, lo que indica la necesidad de seguir integrando el enfoque de género.
Aprendizajes y resistencias
A pesar de los avances, surgieron desafíos como la resistencia cultural del sistema judicial y la falta de una formación especializada en género. Además, la fragmentación en las prácticas institucionales se manifestaba en diferencias significativas entre las distintas defensorías.
Según Asensio, es imprescindible que el enfoque de género se traduzca en argumentos jurídicos claros y se legitime a través de investigaciones empíricas y enfoques interdisciplinarios. La experiencia de Argentina también está siendo tomada como modelo a seguir en otros países de la región, mostrando que es posible lograr una Justicia más equitativa sin alterar el marco legal existente.
Sabina Tola, al enfrentarse al tribunal, pidió disculpas y expresó que nadie le indicó que podía ser encarcelada por transportar una simple colcha. Su caso es un recordatorio de que la Justicia, al adoptar una perspectiva inclusiva, no solo se fortalece, sino que se vuelve más justa y humana.
El desarrollo de esta investigación fue respaldado por el programa “Periodismo enfocado en las soluciones de la Justicia”, del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y la Red Federal de Periodismo Judicial, con el apoyo de la Embajada Británica en Argentina.