Conflictos en la Provincia: Escuelas en Crisis
En medio de tensiones y demandas específicas al Gobierno central, los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires han confirmado un paro conjunto en respuesta a la administración de Axel Kicillof, destacando también su desacuerdo con las políticas salariales locales.
Impacto en el Inicio de las Clases
El cese de actividades afectará a casi cinco millones de estudiantes de todos los niveles educativos. A pesar de dos semanas de negociaciones infructuosas en la paritaria, el Frente de Unidad Gremial (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba) decidió ratificar la huelga para el 2 de marzo, fecha marcada para el regreso a las clases tras el receso estival.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), bajo la dirección de Liliana Olivera, ya había anticipado una posición combativa. El congreso rechazó una propuesta de aumento presentada por el Ministerio de Trabajo, lo que llevó a prever esta medida de fuerza. Con más de 60,000 afiliados, la FEB es la segunda entidad docente más grande de la provincia.
Por otro lado, Suteba, con cerca de 115,000 miembros, y liderado por el dirigente Roberto Baradel, quien mantiene estrechas relaciones con el gobernador, se sumó a la huelga tras la decisión de sus aliados gremiales.
Demandas al Gobierno Nacional
El Frente de Unidad Gremial ha centrado sus demandas en cuestiones que deben ser resueltas por el Gobierno nacional como la restitución del Fondo de Incentivo Docente (FONID), el llamado a negociaciones paritarias a nivel nacional, y el incremento del presupuesto educativo. Asimismo, exigen la devolución de fondos nacionales adeudados a la provincia.
Solo al final de sus reivindicaciones se encuentra la petición de un aumento salarial para los 550,000 docentes del sistema educativo provincial. En los comunicados oficiales y anuncios del paro, estas peticiones salariales figuran como últimos puntos.
El gobernador Kicillof podría argumentar que “la huelga se centra en medidas adoptadas por la Nación”. Sin embargo, fuentes gremiales aseguran que las protestas podrían cancelarse si se mejora la propuesta salarial.
Una oferta presentada desde la Gobernación hace 10 días proponía un aumento del 3% para febrero, comparado con las escalas vigentes, situando el salario inicial del maestro en $762,000 y $1,524,000 para aquellos con jornada completa.
Las negociaciones salariales están en pausa, dejando solo cinco días hábiles para retomarlas. Recientemente, la Provincia decidió adelantar un aumento del 1.5% para contar contra futuros incrementos. Esta medida también se aplicó al resto de empleados estatales cuyos acuerdos están pendientes.
La provincia cuenta con 20,500 establecimientos educativos que abarcan desde jardines de infantes, pasando por primaria y secundaria, hasta niveles terciarios, de los cuales cerca de 6,000 son privados. Estos recursos representan casi un tercio del presupuesto del Estado bonaerense, sumando unos 17 billones de pesos, de los cuales el 90% se destina a salarios. Este complejo sistema, dirigido por la directora Flaria Terigi desde diciembre, podría enfrentar un paro en el inicio de su gestión.
Previamente, Kicillof había logrado mantener el funcionamiento del sistema educativo, uno de los más grandes de Latinoamérica, sin altercados. Sin embargo, el año pasado ya se dieron señales de descontento.
La FEB se desmarcó del acuerdo que otras organizaciones del FUDB aceptaron en diciembre, luego de recibir un incremento acumulado del 4.5%, equivalente a más de $37,000, tras meses sin ajustes. También en mayo del año pasado se convocó a una huelga de 24 horas que fue criticada por el gobierno provincial, resultando en sanciones por inasistencia.
Las tensiones hacia la administración de Kicillof han ido en aumento, a pesar del respaldo que el gobernador solía recibir de Baradel y el poderoso Suteba. Este apoyo empezó a debilitarse, en parte debido a próximas elecciones internas en Suteba, donde la izquierda ejerce cada vez más presión.
La actitud más combativa de los docentes bonaerenses se hace evidente con la negativa a aceptar una propuesta que no cubre el deterioro salarial, lo que fue claro en el rechazo enérgico, según explica Liliana Olivera, presidente de la FEB. Además, el Congreso facultó al Consejo Directivo a emprender diferentes acciones gremiales. Esto indica que si hay mejoras “razonables” en los próximos días, el sindicato podría reducir o extender las medidas de fuerza planeadas.