La noticia positiva llegó desde la misma sala de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde está ingresado Bastián, un niño de 8 años que sufrió graves heridas en un accidente vehicular en las dunas fronterizas de Pinamar. Su madre, Macarena Collantes, anunció en sus redes sociales: “Basti despertó y nos reconoció”. También compartió con alegría que el pequeño pudo manifestar sus emociones: “Nos mostró muchas sonrisas y gestos de enfado”.
La madre escribió emocionada: “Hijo, nunca dudé de tu valentía y fuerza. Hiciste que fuera la mamá más dichosa del planeta”.
Avances en el Estado de Salud de Bastián
A pesar de este progreso, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires aún no ha emitido un nuevo informe médico. El último comunicado se realizó el lunes, después de que Bastián fuera sometido a su séptima cirugía. Esta intervención consistió en “sustituir la válvula de derivación externa por una ventrículo-pleural, optimizando así el manejo del drenaje de líquido cefalorraquídeo”. El informe destacaba que la cirugía concluyó exitosamente.
No obstante, fuentes oficiales comunicaron a Clarín que el niño “se encuentra estable” y que, como señal de mejora reciente, “ha reconocido a sus familiares”.
Los detalles técnicos revelan que el niño experimenta “mejorías y retrocesos” en función de su tratamiento y medicación.
Aspectos Legales y Normativos
Desde la misma fuente, negaron la necesidad de trasladar a Bastián al Hospital Garrahan, como se especuló en días pasados, afirmando que el Hospital Materno Infantil en Mar del Plata ofrece un nivel de complejidad similar.
“No requiere una mayor complejidad de la que ya tiene en su actual ubicación. Lo que realmente necesita es una internación en casa o en un centro de rehabilitación”, explicó la fuente.
Bastián ha sido sometido a cirugía en siete ocasiones.
Paralelamente, se desarrolla una investigación judicial a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar. La causa, por lesiones culposas, involucra al padre de Bastián y los dos conductores de los vehículos que colisionaron en la cima de un médano el pasado 12 de enero.
Recientemente, el juez Félix Adrián Ferrán, temporalmente responsable del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores, dictó una prohibición temporal de actividades para estos tipos de vehículos, como quads y motos, en la región de La Frontera.
Esta decisión judicial se originó por un amparo interpuesto por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en contra de la Municipalidad de Pinamar, señalando los peligros involucrados en estas prácticas.
El juez recordó que los municipios tienen la responsabilidad de regular, supervisar y, si es necesario, prohibir actividades que puedan comprometer la seguridad y el bienestar público, advirtiendo sobre la insuficiencia de sanciones económicas para prevenir accidentes como el sufrido en enero, donde un niño de 8 años fue arrollado por una camioneta Amarok, poniendo en peligro su vida.
Antes de esta decisión, el juez solicitó a las autoridades de Pinamar que informaran sobre las medidas de protección vigentes en la zona de dunas, incluyendo controles de pruebas de destreza, competencias formales e informales, y eventos recreativos motorizados. Hasta el momento, la Municipalidad no ha respondido.
A pesar de la apelación anunciada por la alcaldía, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, expresó su desaprobación total ante la medida. “Miles de vecinos y visitantes disfrutan responsablemente de vehículos UTV, Jeep, cuatriciclos y 4×4 en las dunas. Esto forma parte de la cultura de Pinamar y genera una notable cantidad de empleo. No estamos en contra de la actividad, solo buscamos su regulación”.
Para el intendente, prohibir la actividad debido a unos cuantos irresponsables “no es razonable ni inteligente”. Una vez presentada la apelación, la resolución estará en manos de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores.
La zona conocida como “La Olla” en La Frontera, que solía ser un punto conflictivo con numerosos accidentes, ha seen menos concurrida en febrero. La administración local ha impuesto multas de hasta 15 millones de pesos y ha establecido que los afectados deben cubrir sus propios costos médicos y daños ambientales.