En silencio, se oculta una enorme deuda, popularmente conocida como “la bomba de la salud”. Este peso económico se ha acumulado durante los últimos 24 años en unas 5,000 entidades, incluidas clínicas y centros de diagnóstico, debido a contribuciones no pagadas al ARCA y otros impuestos. El Gobierno está comprometido a implementar una solución definitiva a este problema.
Según cinco importantes fuentes del sector, solo el ARCA tiene conocimiento del monto total de esta deuda. Existe preocupación entre muchas de estas instituciones, ya que el 31 de diciembre concluye la actual “emergencia sanitaria”, un decreto que ha evitado embargos y medidas legales. Aunque se intentó prolongar esta situación mediante el capítulo 11 del proyecto de Presupuesto 2026, la Cámara de Diputados rechazó los artículos pertinentes. A continuación, se describe el plan alternativo del Gobierno.
Preocupación Generalizada en el Sector
Desconocido por muchos, este tema afecta a miles de pequeñas y grandes empresas a nivel nacional. Estas empresas temen el fin de la emergencia sanitaria, que las protege de embargos y litigios. Anualmente, justo antes de que venza, varias asociaciones del sector agitan el debate para captar la atención de los medios.
Historia Repetida: Prórrogas de la Emergencia Sanitaria
El desenlace de esta historia es similar año tras año: las autoridades extienden la emergencia sanitaria o implementan alguna medida temporal que aplaque la preocupación, aunque solo sea de forma provisional. Este patrón ha hecho que el público permanezca desinformado sobre este asunto, mientras la deuda de alrededor de 5,000 empresas permanece sin declararse.
Política Gubernamental para un Cambio Sustancial
Tras el revés sufrido por la exclusión del capítulo 11, que incluía artículos polémicos relacionados con el financiamiento en áreas como la discapacidad y la educación superior, fuentes oficiales aseguran que la administración actual está decidida a resolver esta crisis de décadas. El ministro Mario Lugones encabeza los esfuerzos para romper este ciclo repetitivo.
Un representante del sector comentó que el ARCA probablemente ya está preparado con un equipo legal para proceder con cobros en cuanto finalice la cobertura de la emergencia sanitaria. Por su parte, el Gobierno está analizando medidas fiscales para evitar este escenario, facilitando un camino viable para que las instituciones logren estabilidad económica.
Ajustes Fiscales y Salud en 2026
En comunicaciones con fuentes oficiales predomina la seguridad de que, aunque la prórroga no tuvo éxito, se encontrarán soluciones antes del fin de año. Una opción considerada es que el ARCA emita una resolución que continúe protegiendo a las instituciones deudoras de embargos por otro año más.
Se están considerando dos nuevas medidas: la creación de un extenso plan de pagos para estas entidades y abordar un problema fiscal histórico que afecta al sector. Este problema, conocido como “error conceptual impositivo”, implica que instituciones de salud no recuperan el IVA de insumos pagados, lo que incrementa la deuda del sector.
El cálculo de esta carga fiscal es de aproximadamente 37 billones de pesos, según representantes del sector. Han solicitado al Gobierno que reconsidere estas políticas fiscales y proponen la creación de un “bono” para cancelar su deuda con el ARCA.
El Ejecutivo contempla establecer un IVA uniforme de 8%, el cual proporcionaría un alivio fiscal a empresas, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones sin recurrir a nuevas deudas.
Orígenes del Déficit Financiero en el Sector Salud
La crisis del 2001 marcó el inicio de esta deuda estructural. La devaluación de la moneda desencadenó dificultades en PAMI y otras entidades, lo cual afectó a los proveedores de servicios de salud. Este desfase en pagos deterioró aún más el sistema.
En 2002, el gobierno, entonces liderado por Eduardo Duhalde y con Ginés González García como ministro de Salud, declaró una “emergencia sanitaria”, legislación que iba a ser nuevamente prorrogada pero finalmente se decidió detener.
La “emergencia sanitaria”, conceptualmente, ha permitido decisiones gubernamentales sin gran oposición: fijación de precios médicos, exenciones fiscales, y otras intervenciones. Este decreto ha “perdonado” a las instituciones de salud al no castigar sus deudas acumulativas.
Sin embargo, esta situación no ha solucionado los problemas financieros del sector. Según indican voces internas, se ha evitado el cese de actividades al no pagar ciertas obligaciones fiscales, una estrategia de supervivencia en un contexto económico desafiante.