El miércoles, la defensa de Brenda Agüero presentó sus alegatos en respuesta a las solicitudes de la fiscalía y las querellas de aplicar para ella la condena más severa por la muerte de cinco neonatos en el Hospital Neonatal de Córdoba. Tanto la fiscalía como las querellas pidieron la pena máxima contemplada en el Código Penal.
El abogado defensor, Gustavo Nievas, aseguró al inicio de sus argumentos que el trabajo interdisciplinario revela la inocencia de Brenda Agüero, afirmando que la conclusión de los fiscales carece de una base científica adecuada.
Nievas destacó que los argumentos de la parte acusadora presentaron afirmaciones sin el respaldo constitucional adecuado. Según el defensor, la fiscalía y sus decisiones responden a una jerarquía encabezada por el fiscal General, Juan Manuel Delgado, designado por el anterior gobernador Juan Schiaretti. Apuntó que las acciones en la causa parecieran estar ancladas en un montaje.
Cuestionamientos al proceso judicial
Durante el juicio, Nievas criticó la discrecionalidad que imperó en la investigación, señalando que las decisiones se inclinaron hacia un solo lado, vulnerando así los derechos fundamentales y garantías institucionales. Indicó que se está manipulando al jurado popular mediante argumentos poco claros.
Antes de entrar a la sala, el abogado sostuvo que la hipótesis de una asesina en serie beneficiaba al entramado de poder, desviando la atención de casos de mala praxis, uso de medicamentos caducados o experimentales, especialmente en vísperas electorales.
Pruebas presentadas por los fiscales
Fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, junto con las querellas de las familias de las víctimas, pidieron cadena perpetua para Agüero. Alegaron que se demostró que ella suministró dosis fatales de potasio e insulina a los infantes. Moreno subrayó que hay pruebas contundentes, mencionando el caso de Angeline Rojas como ejemplo de un acto deliberado de homicidio.
Respecto al contenido del celular de Brenda, Nievas destacó que el archivo en su teléfono no implicaba culpabilidad, señalando que los documentos sospechosos no fueron descargados por ella directamente. Señaló que no se responsabilizó al policía que interpretó dichas pruebas como falsas.
Nievas también sugirió que el centro obstétrico fue desmantelado y que es posible que se hayan alterado las historias clínicas. Aseguró que se manipuló la información según las necesidades del ámbito político.
Rechazó la acusación de que Brenda tenía una mente sádica, contradiciendo los testimonios de los psicólogos que no acreditaron dicha teoría durante el juicio. Remarcó que informes de pérdidas de medicamentos y otras irregularidades fueron silenciados por la fiscalía.
El contexto político y las declaraciones de los implicados
Durante el juicio, Brenda Agüero mantuvo su inocencia, expresando su indignación por las acusaciones de ser una asesina en serie. Declaró que su única intención era salvar vidas, y justificó el contenido relacionado con medicina en su teléfono como parte de su formación profesional.
El ex ministro de Salud, Diego Cardozo, y otros funcionarios también son juzgados por el mismo caso. La fiscalía solicitó penas para ellos, mientras que las querellas pidieron la máxima condena. Cardozo, en su defensa, expresó su creencia en que los infantes fueron víctimas de ataques intencionados, pero negó tener claridad en los hechos debido a la falta de cooperación de las autoridades.
Las declaraciones de las madres de los neonatos fallecidos fueron impactantes. Julieta Guardia relató la pérdida repentina de su hijo sano. Vanessa Cáceres y Damaris Bustamante describieron cómo sus hijos pasaron de estar en buen estado a morir de forma inexplicable, exponiendo el dolor devastador que experimentaron.
Durante el proceso judicial, los peritos confirmaron niveles anómalos en los exámenes de los bebés, sugiriendo que fueron víctimas de administración de sustancias letales. Sin embargo, la defensa cuestionó la objetividad de estas pruebas, generando un debate sobre la veracidad de las mismas.