Un documento que será difundido este jueves, al que Clarín tuvo acceso, señala que la Unión Argentina de Salud (UAS) está concentrándose en lo que consideran un problema grave que está impactando especialmente las obras sociales: el cobro por el uso que sus miembros hacen de los hospitales públicos.
La organización manifestó su “preocupación por los nuevos métodos de cobro que algunas provincias están implementando hacia la seguridad social y los sistemas de salud privada por los servicios ofrecidos en hospitales públicos. Entre estas tácticas se encuentran la aplicación de intereses y cargos adicionales, la intervención de agentes para recaudar fondos y la transformación de facturas en documentos ejecutables”.
Según relató a este diario un destacado ejecutivo de una asociación empresarial vinculada a la UAS, algunas provincias han establecido estructuras para la gestión de cobros, con un equipo legal que realiza los procedimientos para ejecutar las facturas no pagadas por las obras sociales y prepagas.
El sistema, según su opinión, presenta fallas que los afectan directamente. En los últimos meses se ha agravado con un método de cobro que describen como “imperativo” e incluso “agresivo”. Ejemplificó una situación en la que se permitió la feria judicial para cobrar una factura de un hospital provincial a un financiador. Otro dirigente de una obra social con una amplia afiliación también ofreció términos contundentes: “Es injusto, inmoral e ilegítimo”.
En su comunicado, la organización que agrupa tanto a los financiadores (prepagas y obras sociales) como a los proveedores del sector privado (clínicas, sanatorios y centros de diagnóstico) se expresa con palabras más medidas, pero mantiene su énfasis en el tema central del reclamo.
“Desde una perspectiva que contemple a todos los implicados —pacientes, profesionales, proveedores y financiadores—, la UAS subraya la necesidad de mantener el correcto funcionamiento de las cadenas de pago. La previsibilidad, la razonabilidad de los plazos y la equidad entre las partes son requisitos clave para asegurar un esquema que sea sostenible y beneficioso para todo el sistema. En este contexto, es fundamental coordinar los métodos de cobro y pago con sensatez y respeto por las responsabilidades de cada parte para fomentar soluciones que generen valor compartido”, puntualizó.
Un problema persistente que ahora se ha intensificado
Aunque no se especifican las jurisdicciones, Clarín pudo averiguar que las críticas se dirigen principalmente a la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, aunque sistemas similares operan también en Córdoba y Jujuy. En la Capital, desde 2016 se creó mediante legislación la FACOEF, una entidad estatal de la Ciudad que, según se detalla en el sitio web del Gobierno porteño, “realiza la recuperación de los costos de atención a personas que, teniendo alguna cobertura de salud, acuden a los hospitales públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y maneja convenios como PAMI e INCLUIR SALUD en nombre del Ministerio de Salud de CABA”.
En Mendoza, desde agosto de 2024 opera el Reforsal, el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud. Según datos divulgados por ellos mismos y reportados por medios locales, en su primer año de operaciones, 2025, recaudó “más de $17.000 millones, recursos destinados directamente al sistema de salud provincial y municipal”.
Los ejecutivos de la UAS solicitan particularmente saber qué proporción de estos recursos se destinó a honorarios de abogados que llevaron a cabo los litigios y los procedimientos de cobro.
Señalan que durante mucho tiempo, el sistema funcionó como una especie de “bicicleta” financiera para fomentar precisamente la solidaridad. “Es como una relación continua con un cliente. Puede haber demoras, pero todos los meses se perciben pagos; es un compromiso obligado por la naturaleza del vínculo”, explicó uno de ellos.
Este vínculo, afirman, se ve afectado por la “crisis” de las obras sociales, situación que solo ha empeorado con el tiempo. “El modelo de atención médica está en una profunda crisis porque somos uno de los pocos países que intenta financiar la atención médica con un porcentaje del salario, que además ha estado en deterioro. Con el 9% del salario que actualmente financia las obras sociales, es muy complicado”, describe Luis Scervino, director del Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, un think tank del sector. Acaba de publicar un artículo al respecto y sostiene que en los sistemas que funcionan a nivel global, el Estado realiza una fuerte inversión.
La respuesta del Estado
En respuesta al comunicado de la UAS, desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que su titular, Hugo Magonza, forma parte del consejo provincial de salud, “y no ha presentado esta problemática” en dicho foro.
“Para que el sistema sea justo, quien no paga a tiempo debería abonar intereses; de lo contrario, se pierde el incentivo de pago. Anteriormente, no pagaban o pagaban con valores ínfimos años después”, subrayaron. También dieron a conocer que para algunos, pagar montos razonables les puede resultar incómodo, pero es “justo y adecuado”. Mostraron datos reveladores: en comparación con 2024, la recaudación interanual de los hospitales descentralizados incrementó un 130%, en los centralizados un 325%, y en las áreas de salud departamentales, un 421%. En lo que va de enero de este año, han conseguido una recaudación de casi 3.000 millones de pesos, frente a los 803 millones de 2025 y 406 millones de 2024.
Clarín también consultó al Ministerio de Salud de CABA y Mendoza, aunque al momento del cierre de este informe aún no había recibido respuesta.
Medidas sugeridas por la UAS
La UAS concluyó su declaración manifestando su “permanente disposición al diálogo y consenso”, proponiendo “avanzar en soluciones prácticas para abordar un tema complejo y de alto impacto operativo”. Como ejemplo, sugirieron que se informe al financiador previamente sobre la prestación a realizar, “para permitir su debida autorización o la derivación del afiliado”.
Además, subrayó que “la firma de convenios con normas operativas claras y listados de precios acordados constituye el recurso adecuado para proporcionar previsibilidad y equilibrio en la relación entre prestadores públicos y financiadores privados”.
“La salud privada desempeña un papel central en la atención de una parte importante de la población y es un componente esencial del sistema sanitario argentino. Por ello, cualquier política relacionada con su financiamiento debe orientarse a preservar la solvencia, la estabilidad y el normal funcionamiento del sector”, insistió.