Un conflicto inesperado ha surgido entre la Iglesia Católica y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El tema central de este desacuerdo es la regulación del auge de las apuestas en línea y la posible prohibición de su promoción en el ámbito deportivo. Actualmente, existe un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados.
Acciones de la Iglesia
Esta semana, la Conferencia Episcopal Argentina envió una misiva a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a otros miembros solicitando que el proyecto reciba sanción definitiva antes de perder vigencia parlamentaria el 20 de noviembre, fecha en que se cumple un año desde su aprobación en la cámara baja.
Preocupación por la Ludopatía
Desde hace tiempo, los obispos han venido manifestando que las apuestas en línea causan “un aumento de la adicción al juego, sobre todo entre niños, adolescentes y jóvenes”. Como indican, “si el Estado no actúa o se demora, los daños serán más graves y más difíciles de solucionar.”
Reacciones en el Fútbol Argentino
La semana anterior, la Iglesia presentó su postura en un plenario de varias comisiones durante un debate sobre la regulación del tema. Representantes de la AFA alertaron que prohibir la publicidad relacionada podría poner en peligro la financiación del fútbol.
Javier Méndez Cartier, integrante del Comité Ejecutivo de la AFA y presidente de Excursionistas, mencionó que no defienden “intereses comerciales”. Sin embargo, enfatizó que “una prohibición completa sería un revés financiero sin precedentes, peligrando el fútbol profesional y su rol social.”
Méndez Cartier añadió: “Desde el dirigente más alto, Claudio Tapia, hasta el último, estamos comprometidos en colaborar con el Estado, los privados y la sociedad civil para proteger a los niños y jóvenes. Los clubes no son parte del problema, sino de la solución.”
El proyecto aprobado por la Cámara baja “regula la publicidad, promoción y explotación de juegos de azar y apuestas online; prohíbe que menores de 18 años accedan a estas plataformas y busca reducir la exposición de la población a factores que fomenten la adicción al juego.”
Además, la regulación abarca redes sociales, plataformas, medios audiovisuales, carteles, cualquier medio actual o futuro, equipos deportivos, sus instalaciones o los mismos deportistas. Las cadenas de televisión que retransmiten el fútbol argentino y la misma AFA o selección nacional no podrían tener apuestas como patrocinadores en su vestimenta deportiva.
El padre Munir Bracco, en representación de la Pastoral Social, comentó en el plenario que “relacionar el deporte, símbolo de salud, esfuerzo y trabajo en equipo, con algo dañino no tiene sentido. Los jóvenes ya no disfrutan del fútbol; están más atentos a si habrá un gol, tarjeta o penal para ganar o perder la apuesta.”
“En diversas ocasiones hemos mencionado que la falta de regulaciones y de controles apropiados ha permitido que, en la práctica, cada teléfono inteligente pueda actuar como un “casino”, incluso para menores”, señalaron los obispos en su carta.
Agregan que el año anterior, en un comunicado firmado por comisiones de Pastoral Social de las diócesis del país, “advertimos que ‘es un problema que no distingue clase social ni región geográfica. Varios motivos nos llevan a preocuparnos, ya que estamos presenciando el daño social que está ocurriendo’”.
“Hoy, ante la proximidad de que el proyecto de ley de prevención de la ludopatía pierda estado parlamentario si no se trata antes del 20 de noviembre, deseamos expresar, con respeto y firmeza, la importancia de que esta iniciativa sea discutida y aprobada”, demandan.
Los obispos denuncian “presiones” para que no se restrinja la publicidad del juego en línea. “Durante la presentación realizada por el sacerdote cordobés Munir Bracco en un plenario senatorial, se recordó la intensa presión de los intereses económicos tras este negocio”, indican.
Los prelados enfatizan: “Tal como ya señalamos con el problema de las drogas y el narcotráfico, el Estado es irremplazable, y lo reiteramos con esta otra adicción trasversal a edades y clases: si el Estado no interviene o retrasa su acción, los daños aumentarán en profundidad y complejidad.”
“Por ello pensamos que el tratamiento de esta ley no debe posponerse más. Si se la deja de lado sin que haya discusión sería una clara muestra de desatención e indiferencia ante un problema que afecta gravemente a muchas familias argentinas”, consideran.
Afirman que “la sociedad necesita ver que sus representantes están listos para ofrecer una respuesta responsable, pese a presiones o intereses.”