Las familias con niños que tienen alguna discapacidad enfrentan frecuentemente situaciones muy difíciles en las instituciones educativas privadas de la Ciudad. En la mayoría de los casos, los niños son rechazados sin una explicación clara, y muchas veces estas negativas no quedan registradas formalmente, lo que dificulta presentar quejas.
Por este motivo, diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con especialistas en derecho educativo, representantes de instituciones, y padres y madres de niños con discapacidad, impulsaron una modificación a la ley 2.681 de la ciudad (relativa a la matriculación), con el propósito de garantizar “mayor transparencia, inclusión y protección de derechos en el acceso a la educación”.
Este proyecto fue finalmente aprobado como ley el jueves último, con 44 votos a favor en la Legislatura porteña.
La nueva normativa introduce regulaciones actualizadas sobre vacantes y procesos de inscripción en las instituciones privadas que forman parte del sistema educativo oficial. Una de estas regulaciones es la creación de un Registro Público de Vacantes para las escuelas privadas adheridas al sistema oficial.
El objetivo de la ley es eliminar rechazos sin justificación. Las instituciones privadas no pueden negar la inscripción o reinscripción sin causa legítima. Si existe una razón para el rechazo, debe detallarse explícitamente y estar en armonía con derechos constitucionales, de la CABA y tratados internacionales (especialmente sobre niñez y discapacidad). Además, las familias tienen derecho a solicitar una explicación ante una negativa.
Implementación del Registro Público de Vacantes
Con la nueva ley, el Ministerio de Educación de la Ciudad tiene la obligación de crear y publicar este registro, que deberá indicar cuántas vacantes están disponibles por grado y colegio, tanto para el año escolar actual como para el siguiente. Las escuelas, por su parte, deben mantener esta información actualizada tanto en su sitio web institucional como en la página oficial del Ministerio.
En las discusiones llevadas a cabo en la comisión de educación, bajo la dirección del diputado Sergio Siciliano, se produjeron apasionados debates. Participaron representantes de organizaciones civiles, expertos en derecho educativo, instituciones enfocadas en discapacidad y familiares de niños en edad escolar. Se compartieron relatos de discriminación, particularmente en casos que involucraban a estudiantes con discapacidad.
Reacciones ante la Nueva Legislación
Según Genoveva Ferrero, “el objetivo siempre fue sencillo y profundamente humano: permitir que las familias de niños con desafíos puedan acceder a una vacante en una escuela privada sin enfrentar un sinfín de obstáculos, silencios y puertas cerradas. Con esta ley, marcamos un hito histórico en esa dirección, terminando con el peregrinaje doloroso de tantas familias que buscaron desesperadamente un lugar donde sus hijos pudieran disfrutar de un derecho incuestionable”. También indicó que “desde el Observatorio de Discapacidad del Poder Judicial de la Ciudad continuaremos trabajando con esmero, utilizando todos los recursos y esfuerzos para asegurar que ningún niño de esta Ciudad deba pedir permiso para ejercer su derecho fundamental: aprender, desarrollarse y ser parte de la comunidad”.
“Aunque entendemos que esta ley no resolverá mágicamente todos los problemas de inserción educativa que enfrentan los niños con neurodiversidad, vemos esto como un paso positivo hacia la convivencia. Desde Teactiva hemos apoyado este proyecto desde el inicio, porque no dejamos de recibir denuncias de familias que enfrentan enormes dificultades para escolarizar a sus hijos. Solo se resolverá por completo cuando las escuelas sean más receptivas a la neurodiversidad”, comentó Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva.