El probable fracaso del proyecto de ley sobre mala praxis médica
En agosto de 2024, se escribió en estas mismas líneas que aún había tiempo suficiente para que el Senado revisara la “Ley Nicolás” – destinada a mejorar la seguridad del paciente – que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados. Esta normativa, adoptada en otros países, busca prevenir la mala praxis médica y mejorar las deficiencias del sistema de salud que afectan tanto a los profesionales médicos como a los pacientes. Sin embargo, ese margen de seis meses está a punto de agotarse el próximo 28 de febrero, momento en el que la ley podría decaer en su estado parlamentario.
Necesidad de acciones urgentes
Para que esta situación cambie, se necesita que ocurra un milagro o que tenga cabida la iniciativa de privilegio propuesta por la senadora Edith Terenzi, quien busca que se debata la ley Nicolás en las sesiones extraordinarias. También existe la esperanza de que, como opina el diputado Fabio Quetglas (UCR), uno de los impulsores del proyecto, el Senado pueda incluir el debate de esta normativa en su agenda, si para entonces se desvanece el escándalo del “cripto-gate” que actualmente centra la atención pública.
Para que este cambio suceda, el ministro de Salud, Mario Lugones, tendría que replantear su postura actual sobre el tema. Aunque públicamente ha manifestado su interés en mejorar las condiciones del sistema de salud para reducir los casos de mala praxis y los riesgos para los pacientes, actualmente no apoya este tipo de legislación.
En un comunicado reciente, el Consejo Federal de Salud (CoFeSa) informó que el ministro Lugones reafirmó su compromiso con la madre de Nicolás y aseguró que el ministerio tomará medidas para evitar que se repitan casos similares.
Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, cree que esto no es suficiente. Su hijo falleció en 2017 a causa de un diagnóstico erróneo, ya que su meningitis bacteriana fue confundida con alergia.
Covelli cuestionó: “Si el Ministro realmente se ha comprometido, ¿por qué no permite que la ley avance en el Senado?”. Pese a sus esfuerzos para obtener una reunión con el Ministro, solo lo logró gracias a la intervención del diputado Quetglas, y ahora se prevé una reunión el 27 de febrero.
Compromiso con la mejora del sistema sanitario
Quetglas narró: “Pude reunirme con el Ministro Lugones antes del CoFeSa. Fue un encuentro cordial, pero no productivo. No hubo disposición a cambiar de opinión”. No se obtuvo, sin embargo, una respuesta oficial del Ministerio de Salud respecto a esta situación.
Desde que Covelli presentó su caso, el diputado se involucró en el tema, colaborando con médicos del Observatorio Argentino sobre Seguridad del Paciente para desarrollar un proyecto de ley. Este obtuvo la aprobación en la Cámara de Diputados en 2023, justo antes del cambio de gobierno en diciembre.
Meses después, en agosto de 2024, se reportó que la ley avanzaba sin rumbo en el Senado debido a la falta de comisiones establecidas, como la de Salud.
Finalmente, el proyecto fue debatido en las comisiones correspondientes, con resultados favorables. Además, la Oficina de Presupuesto del Senado publicó un informe confirmando que la ley no tendría un impacto fiscal significativo.
Discusión sobre los costos de implementación
Según algunas fuentes del CoFeSa, el ministro Lugones argumentó que el costo de implementar la ley era un problema, aunque esto contradice el informe del Congreso. Covelli señala que la ley prácticamente no tiene costos significativos, ya que solo requeriría la inclusión de eventos adversos en el sistema SISA.
Covelli explicó que documentar eventos adversos en el SISA no solo ayuda a identificar daños ya producidos, sino también situaciones que podrían haber derivado en mala praxis, permitiendo el aprendizaje continuo.
Relatando un caso reciente, Covelli contó cómo un error de diagnóstico en un centro médico pudo haber tenido graves consecuencias para un niño, pero la intervención a tiempo evitó un desastre.
Dilemas regulatorios y de gobernanza
Si la Ley Nicolás pierde estado parlamentario, pasará al menos un año antes de que pueda ser reconsiderada, salvo que se hagan modificaciones al texto. Muchos médicos temen que la ley lleve a una “caza de brujas”, aunque su objetivo es recabar datos y controlar los protocolos para asegurar mejores condiciones de trabajo.
Quetglas plantea que el rechazo del Gobierno se debe tanto a la afinidad histórica de Lugones con los médicos, como a una línea ideológica que evita regulaciones excesivas. Sin embargo, Quetglas argumenta que la regulación es necesaria para que quienes controlan las acciones tengan un marco adecuado.