El contexto de las operaciones en la Frontera
El lamentable incidente en el que Bastián, de tan solo ocho años, resultó seriamente herido, ha puesto nuevamente en la palestra la situación de La Frontera en Pinamar. A pesar de los esfuerzos constantes, como operativos y controles, además de los repetidos llamados a la conciencia personal, el área continúa operando como si careciera de regulaciones definidas. Se observan niños menores de 15 años conduciendo vehículos, adultos sin casco ni cinturón, y vehículos todoterreno y quads desplazándose a alta velocidad sobre las dunas, a menudo a escasos metros de las familias que se instalan para ver las maniobras desde lo más alto.
Días después del accidente, con La Frontera aun repleta de visitantes y automóviles, Francisco Montes, quien ejerce como secretario de Gobierno de Pinamar, proporcionó declaraciones al periódico Clarín. Abordó temas como los controles, las limitaciones estatales, la jurisdicción local y el diagnóstico gubernamental sobre esta zona, que es una de las más conflictivas durante la temporada.
Evaluación de la situación actual en La Frontera
El incidente de Bastián representa el quinto accidente registrado en La Frontera durante la temporada actual. El menor estaba en un vehículo todoterreno acompañado por un adulto y otros tres niños al momento del accidente. Según Montes, en comparación con años anteriores, el municipio evalúa que las cifras son algo más alentadoras, aunque el peligro sigue presente.
El dilema de La Frontera no es un fenómeno aislado en el ámbito de la administración territorial de Pinamar. En áreas del norte de esta región, como aquellas involucradas en proyectos inmobiliarios privados de gran escala, las dunas son igualmente terrenos con un alto grado de desorden y de propiedad privada.
Esta situación, que también se replica en lugares como Montecarlo, revela una tensión crónica entre las autoridades locales y los propietarios de terrenos no urbanizados: aunque el Municipio tiene la capacidad de planificar, regular accesos y coordinar controles, se encuentra imposibilitado para intervenir directamente en propiedad privada. Desde el Ejecutivo se indica que las limitaciones en La Frontera no surgen de falta de voluntad política, sino de una estructura legal y territorial que restringe las capacidades de control sobre un área que, pese a ser ampliamente frecuentada por turistas, no es de dominio público.
Es alarmante ver que, a pesar de las reiteradas advertencias y los accidentes, La Frontera continúe operando como un escenario de riesgo visible para todos. Mientras el joven Bastián sigue recuperándose en estado crítico, las maniobras imprudentes a alta velocidad persisten, con cruces entre dunas y vehículos que pasan peligrosamente cerca de espectadores.
La intervención estatal y la responsabilidad individual
La pregunta que se repite es: ¿Quién es responsable? ¿Hasta dónde debe el Municipio hacerse cargo y en qué momento comienza la responsabilidad individual en un área reconocida por su alto riesgo? Estas preguntas permanecen abiertas mientras el Estado hace lo posible por controlar una situación caótica.
Montes aclaró que la jurisdicción municipal abarca las calles de Pinamar, los accesos a las playas públicas donde realizan controles en colaboración con la Policía y el Ministerio de Seguridad bonaerense, inspeccionando documentos, uso de casco y cinturón, y practicando pruebas de alcoholemia.
En los accesos a La Frontera, las revisiones se desarrollan diariamente de 12 a 18 en la entrada y de 18 a 20 en la salida. Además, se efectúan patrullajes a lo largo de la costa. El problema radica principalmente en las dunas, que son de propiedad privada y fuera del dominio directo del Municipio.
“Los médanos pertenecen a privados. No podemos actuar en propiedad privada, igual que si se tratase de un delito en una vivienda, donde interviene la Policía y la Justicia”, explicó Montes.
En cuanto a la titularidad de las tierras, Montes detalló que La Frontera es propiedad de diversas empresas privadas y abarca más de 900 hectáreas. Se colocan cercas y señalamientos de advertencia cada año, pero suelen ser dañados por los visitantes.
Frente a esta restricción, el Municipio colabora con la Policía y la Fiscalía. Montes mencionó que se llevó a cabo un operativo con policías de civil en la zona de médanos y se aplicó el artículo 193 bis del Código Penal para sancionar conductas riesgosas, logrando el decomiso de 11 camionetas.
“A veces algunos escapan, pero son atrapados a la salida”, indicó. En total, se han retenido más de 30 vehículos en el año debido a alcoholemia o falta de documentación en los accesos.
El alcance de la intervención estatal es un punto crítico de debate. Montes señaló que no es posible evaluar el descontrol en La Frontera sin considerar la conducta individual.
“La interrogante es hasta dónde debe llegar el Estado cuando los adultos se arriesgan, acceden a áreas peligrosas y exponen a sus hijos”, afirmó Montes. “Existe un momento donde prima la autodeterminación y la responsabilidad personal. A veces, es adecuado que el Estado no se involucre más”.
Al ser consultado sobre la definición que da el Municipio a La Frontera, el secretario de Gobierno enfatizó su atractivo turístico y deportivo, siempre que se realice con las medidas de seguridad pertinentes.
No obstante, aclaró que el Estado no respalda el caos presente y reconoce oficialmente a La Frontera como un área de alto riesgo debido al tráfico descontrolado, la falta de normas y la inexperiencia de muchos conductores.
Regulaciones y desafíos futuros
La legislación en torno a los autos todoterreno es un tema clave. Según Montes, se catalogan como vehículos rurales y no requieren matrícula, por lo que únicamente pueden transitar por corredores seguros. “En el futuro, sería ideal que tuvieran placa para facilitar el control”, propuso Montes.
En cuanto a los alquileres, las empresas están registradas y autorizadas. La mayor demanda es de cuatriciclos, mientras que son principalmente propietarios quienes tienen todoterrenos. No se han realizado cierres este año en esa industria.
A diario, La Frontera recibe hasta 15 mil visitantes en temporada alta. El diagnóstico oficial admite los progresos en prevención y control, pero también reconoce sus límites. En un entorno de propiedad privada, masificación y conductas individuales, el peligro sigue latente, en un lugar donde el descontrol y la tragedia se mantienen incrustados, año tras año.