La abogada e influencer santiagueña Agostina Páez está envuelta en una delicada situación legal en Brasil. Luego de un incidente en un bar de Ipanema el 14 de enero, es acusada de comportamiento racista y ha organizado un equipo de defensa para poder regresar a Argentina lo antes posible.
Defensa legal en curso
El abogado Sebastián Robles, en conversación con Clarín, anunció que ya se alió con un despacho legal en Brasil para manejar la investigación. “El estudio jurídico Roitman y asociados en Río de Janeiro nos representará en el caso,” comentó.
Robles subrayó la importancia de ser parte activa en la investigación: “Es crucial que se respete el debido proceso para evitar medidas extremas como la restricción para salir del país debido a su nacionalidad argentina”.
El plan de defensa incluye solicitar las grabaciones de seguridad. “Presentaremos una solicitud para obtener las cámaras de seguridad que muestren el contexto desde que llegaron hasta que se retiraron”, detalló Robles.
Además, el abogado agregó que presentarán un habeas corpus para que su cliente pueda regresar a Argentina de inmediato: “Vamos a interponerlo tan pronto como sea posible”. Entre tanto, Agostina debe costear los honorarios legales, alrededor de $10.000 dólares, y el hospedaje, ya que no se sabe cuánto tiempo permanecerá en Brasil.
Contexto del incidente
El problema comenzó cuando Páez y sus amigas intentaban salir de un club en Río de Janeiro, asegurando haber pagado toda su cuenta. Sin embargo, el staff del bar las detuvo reclamando consumos no saldados.
Tras la acusación, las jóvenes, sintiéndose víctimas de un engaño, pagaron para poder irse. Sin embargo, lejos de resolver la situación, los empleados continuaron burlándose de ellas y siguieron con gestos groseros.
Una grabación que se hizo viral muestra a Agostina, de 29 años, haciendo gestos simulando movimientos de monos y diciendo “Monos. Uh, uh, uh” hacia el bar, lo que desencadenó un gran rechazo en redes sociales.
La defensa de Agostina aclara que no está arrestada. “Está en el departamento alquilado con sus amigas, sin restricción alguna de su pasaporte ni DNI”, confirmó el abogado. Aunque pronto tendrá que llevar una tobillera para asegurar que no salga del país. “Le colocarán la tobillera antes del viernes.”
El abogado de Páez busca que las autoridades judiciales brasileñas revisen las restricciones para lograr su retorno a Argentina mientras la causa sigue su curso. “Queremos avanzar en el proceso lo más rápido posible”, afirmó Robles.
Robles también mencionó el impacto emocional de la situación en su cliente: “Está muy afectada por la cobertura que los medios brasileños y redes han hecho, además de recibir amenazas”.
Asimismo, la situación es aún más difícil al quedarse sola en Brasil, ya que sus amigas pronto regresarán a Argentina, dejándola en un país extranjero y con un idioma que no domina.
Acusación de injuria racial
Según el Código Penal brasileño, el artículo 140 considera como injuria racial ofender el honor de alguien por su raza, color, etnia, religión u origen. Este delito ahora tiene penas equivalentes al racismo, incluyendo prisión de dos a cinco años.
Robles sostiene que cualquier juicio debe considerar el contexto completo, incluido el supuesto acoso que las jóvenes enfrentaron por parte del personal del bar. “Las cámaras demostrarán las obscenidades sufridas por las chicas”, afirmó.
Agostina ha estado en contacto con el Consulado argentino, quienes están acompañando el caso. “Se reunieron para conocer los detalles, aunque no pueden ofrecer una solución legal, solo asistencia económica si debe quedarse”, explicó Robles.
Historial de incidentes
El conflicto se originó en Barzin, un local nocturno de Ipanema con antecedentes de disputas, incluyendo un episodio violento en el que un joven argentino fue asesinado tras un altercado por la cuenta.
Otros turistas argentinos compartieron experiencias similares de cobros indebidos y amenazas en dicho establecimiento. Uno de ellos, Miguel, relató que intentaron cobrarle por tragos alegadamente gratuitos.
Miguel, al igual que Agostina, reportó haberse sentido obligado a pagar para poder irse. “Pagamos por miedo a la intervención policial y no volvimos más”, concluyó.