Propuesta de Multas a Padres de Acosadores
En la región de Mendoza, se llevaba tiempo considerando la implementación de sanciones a las familias de estudiantes que generan conflictos y ponen en peligro al entorno escolar. La situación de una joven del municipio de La Paz que llevó consigo el arma de su padre, quien es policía, al centro educativo, fue determinante para impulsar una reforma legal que responsabiliza y multa a los progenitores en casos de acoso escolar.
Se habla de que la estudiante había sido objeto de acoso por parte de un compañero, aunque no se encontraron referencias de esto en las actas escolares. Al momento del incidente, la joven de alguna manera pedía por una profesora de matemáticas mientras sostenía el arma oficial de su padre.
Detalles del Incidente con Arma
En un episodio alarmante, una alumna llegó a un colegio armado en Mendoza y realizó varios disparos.
El Ministerio de Educación de Mendoza ha propuesto ante la Legislatura un cambio en el Código de Contravenciones. “Queremos que los padres, madres y tutores también asuman la responsabilidad por los actos de acoso escolar que cometan sus hijos”, manifestó el ministro Tadeo Garcia Zalazar.
Enfoque de las Sanciones
Las penalidades propuestas contemplan desde trabajos comunitarios iniciales hasta multas financieras, especialmente en casos de reincidencia, que podrían alcanzar los $2.100.000.
“Mendoza pretende educar a los agresores y hacer partícipes a las familias”, subrayó el ministro, aclarando que la normativa busca una solución integral contra el acoso escolar, conjugando sanciones con medidas educativas y protocolos de intervención.
Las sanciones serán decididas por un juez en un rango de 500 a 5.000 unidades fiscales (de $21.000 a $2.100.000), dependiendo de la severidad del caso y si hay reincidencia. “Hemos formulado el protocolo de acción basándonos en casos ocurridos en Mendoza y de experiencias internacionales”, detalló García Salazar.
De acuerdo al proyecto enviado a la Legislatura, los fondos recaudados serán destinados a la prevención del acoso escolar y al fortalecimiento de las bibliotecas escolares de la provincia.
Opiniones Contrapuestas
La propuesta del gobierno de Mendoza ha recibido críticas de expertos en educación, como Alejandro Castro Santander, un especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar. “No se debe sancionar a los padres, sino incluirlos como aliados activos para resolver el problema y modificar el comportamiento del hijo”, opinó el pedagogo.
Castro Santander argumentó que, si solo se trata de una medida punitiva, “se podría agravar el conflicto ya que, en casos de acoso escolar, lo que funciona es implementar medidas preventivas y colaborativas”.
Para el Ministerio de Educación en Mendoza, la prevención sola no basta: “El acoso escolar no es un juego ni una broma de mal gusto. Se trata de una violencia que causa daños profundos en nuestros niños y niñas. Por esto tomamos esta decisión: para que las escuelas no enfrenten este desafío solas, necesitamos a las familias presentes y responsables”, declaró García Zalazar al justificar la propuesta.
La primera fase consiste en convocar a encuentros y acciones con los padres tanto de la víctima como del agresor. Si estas instancias no prosperan, se procede a aplicar el Código Contravencional.
El ministro explicó que, a menudo, los progenitores no asisten a las convocatorias escolares o minimizan la situación, por lo cual la inclusión como contravención obligará el cumplimiento del compromiso.
El proyecto introduce el artículo 100 bis que trata sobre la responsabilidad de los padres: “Será considerada una falta la omisión del deber de vigilancia y cuidado por parte de los padres, tutores o cualquier persona responsable, cuando un menor bajo su cuidado incurra en actos de acoso escolar (bullying) que causen daño físico, psicológico o emocional a otro menor en el entorno educativo o social”.
Además, hay penalidades más severas si el alumno reincide: “Si el menor persiste en actos de acoso escolar, el juez podrá duplicar la sanción de trabajo comunitario o la multa, y podría ordenar la asistencia obligatoria a talleres de crianza o terapia familiar”.
Las sanciones van desde trabajo comunitario durante un periodo de 5 a 50 días hasta una multa entre 500 y 5.000 unidades fiscales. Las sanciones actuales oscilan entre $21.000 y $2.100.000, basadas en la gravedad y la reincidencia del caso.
Mendoza. Corresponsal
MG