Un gran número de obras sociales ha iniciado acciones legales para detener la eliminación de la triangulación de aportes, con el objetivo de recuperar a los afiliados que, por una determinación gubernamental, ahora están bajo la administración directa de las empresas de medicina prepaga. Aunque las primeras demandas fueron presentadas hace más de dos semanas, estas aún enfrentan demoras dentro de la compleja burocracia judicial.
En al menos cinco casos que se encuentran en el ámbito del fuero Civil y Comercial Federal, los magistrados han declarado su falta de jurisdicción, trasladando los casos al fuero Contencioso Administrativo. Se anticipa que las demás demandas sigan un camino similar.
Según varios fiscales, quienes fueron consultados por los jueces en el procedimiento estándar, la cuestión es de naturaleza pública y administrativa, ya que se cuestiona una norma, no siendo simplemente un conflicto entre entidades privadas. Otros fiscales opinaron que el fuero Civil y Comercial podría abordar el asunto, pero, debido a que estas opiniones no son vinculantes, los jueces declararon igualmente su incompetencia. Es poco probable que algunas resoluciones de amparo se decidan en una jurisdicción y el resto en otra.
Lo relevante es que en 2024, cuando el Gobierno litigó contra las prepagas por el incremento de las primas, el caso se resolvió en el fuero Civil y Comercial. El juez del juzgado N° 3, Juan Stinco, consiguió mediar entre las partes para alcanzar un acuerdo, estableciendo un plan de acción para encauzar la disputa. No hubo problemas de competencia para que la Superintendencia de Servicios de Salud actuara en ese ámbito contra las empresas de medicina privada.
En esa ocasión, la disputa se interpretó judicialmente como un conflicto entre partes privadas, ya que la SSS actuaba en representación de los afiliados que se creían perjudicados por el alza de las primas. En cambio, ahora la situación se invierte, con la SSS y el Ministerio de Salud como los demandados por las obras sociales.
Se observa un escenario de retraso, generado precisamente por la necesidad de definir la jurisdicción de los magistrados involucrados, lo cual añade incertidumbre a la resolución de las demandas, independientemente de hacia dónde se incline finalmente la balanza.
Las obras sociales temen que las demandas se pierdan en el entramado judicial, si el fuero Contencioso Administrativo también se declara incompetente, obligando a las cámaras correspondientes a intervenir, y sin descartar que, tras esa segunda instancia, el asunto se dirija a la Corte.
No escapa a las obras sociales que la Ley de Amparo establece que el juzgado que recibe el caso, según el perjuicio que la demora podría causar al demandante, debe emitir un fallo preliminar antes de declararse incompetente. ¿Acaso la falta de celeridad sugiere que los perjuicios alegados no son urgentes ni merecen medidas precautorias?
El Gobierno decidió eliminar automáticamente la triangulación de aportes de la seguridad social, evitando que cada afiliado decidiera cómo destinar esos fondos, lo cual provocó esta respuesta judicial por parte de las obras sociales, que estaban esperando la implementación de la medida anunciada por el Gobierno, efectiva desde el 30 de enero.
El Gobierno pretende acabar con aquellos intermediarios que se quedaban con una parte de los aportes de los trabajadores, redirigiendo el resto sin ofrecer servicios. No todas las obras sociales afectadas funcionaban así; varias tenían su propia red de proveedores y satisfacían las necesidades de los afiliados conjuntamente con las prepagas con las que colaboraban.
Las obras sociales, en sus argumentos ante la justicia, sostienen que se está atentando contra el derecho de propiedad al decidir unilateralmente sobre los aportes al sistema de seguridad social, contraviniendo los principios de solidaridad y equidad. También afirman que la resolución oficial 1/2025 contradice normas de mayor autoridad, como leyes y decretos que rigen el sistema de salud.
Además, alegan que la medida representa una expropiación encubierta de los recursos administrados por las obras sociales sin compensación, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional. “La pérdida de afiliados y los fondos que aportan perjudica la capacidad financiera de las obras sociales para cumplir con sus obligaciones legales, arriesgando la cobertura médica de los afiliados restantes”, expone una de las demandas.
Objetivos del Gobierno
Por su parte, el Gobierno busca mostrar resultados positivos del nuevo esquema implementado, consiguiendo que, la semana pasada, las principales empresas de medicina prepaga anunciaran que en marzo no incrementarán la cuota a los afiliados cuyos aportes, antes canalizados por las obras sociales, ahora llegan directamente a las entidades privadas.
Movidas de fiscalización
El Gobierno continúa adelante con sus esfuerzos para reformar el sistema de salud, habiendo intervenido recientemente una séptima obra social y lanzado un operativo de revisión a la obra social y prepaga Luis Pasteur. Gabriel Oriolo, titular de la SSS, compartió en la red X que la entidad resistió recibir a los auditores.
“Finalmente, el equipo técnico logró acceder, pero la obra social no entregó los datos requeridos, impidiendo completar el trabajo”, aseguró. Agregó: “Todos los agentes de salud (obras sociales nacionales y prepagas) deben ser conscientes de que la SSS está llevando a cabo auditorías que revisan integralmente el funcionamiento prestacional, financiero, institucional y jurídico”.
En cuanto a la última entidad intervenida, fue la Obra Social de Fotógrafos la afectada, bajo intervención durante 180 días. Según la SSS, “los auditores encontraron serias irregularidades como acceso insuficiente y limitado a prestaciones médico-asistenciales, junto con la falta de presentación de documentación obligatoria. Además, la obra social carece de equipos interdisciplinarios de discapacidad y salud mental, entre otros problemas”.
PS