La litigiosidad y el alta frecuencia de judicialización continúan siendo desafíos destacados del sistema de salud en Argentina, especialmente debido a los recursos legales que los afiliados a menudo deben presentar. Estos procedimientos buscan que un juez eventualmente conceda la razón y autorice el tratamiento o medicamento que el seguro médico ha rechazado. Sin embargo, ha surgido una alternativa novedosa y más rápida, cuyo primer caso acaba de ser resuelto recientemente.
Esta nueva alternativa es el sistema de mediación conocido como “Promesa” (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud). Este permite a las partes involucradas llegar a un acuerdo sin necesidad de pasar por el sistema judicial, lo que representa un ahorro considerable de tiempo y gastos. De acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en este primer caso, el conflicto se resolvió en menos de una semana.
Mario Lugones, ministro de Salud, destacó que “en esta experiencia inicial, un acuerdo se alcanzó en apenas cuatro días, permitiendo así la continuación de un tratamiento médico necesario”.
El diario Clarín intentó obtener detalles sobre la aseguradora implicada en el reclamo y la reclamación del afiliado, pero fuentes de la SSS aclararon que, en el contexto de la mediación extrajudicial, dicha información es confidencial y se mantiene en reserva.
Lugones opinó que “este es, sin duda, un avance significativo para ofrecer soluciones más directas y económicas a los ciudadanos”. Se espera que este primer caso allane el camino para que más disputas con obras sociales y seguros de salud privadas se resuelvan por este nuevo método, ayudando a reducir el incremento de casos judiciales en un entorno de crisis.
Una alternativa voluntaria con apoyo legal gratuito
El sistema “Promesa” no solo es efectivo en tiempo, sino que también ofrece patrocinio legal gratuito para aquellos que lo requieran. Participar en este proceso es completamente voluntario, permitiendo a los afectados elegir entre esta opción o directamente proceder a un litigio judicial, dejándolo como último recurso.
Además, según la reglamentación del procedimiento, los jueces pueden derivar a “Promesa” a casos que ya estén en curso judicial, por iniciativa propia o a solicitud de una de las partes, siempre que haya un consentimiento expreso de la parte demandante y una decisión judicial fundamentada.
Los mediadores son seleccionados al azar y deben haber completado una capacitación obligatoria para asegurar su competencia. Ya se ha establecido una colaboración entre los ministerios de Justicia y Salud de la Nación para la realización de Programas de Capacitación y la Examinación de Idoneidad.
Impacto en el sistema de salud
El Instituto de Investigación de Obras Sociales (IIDOS-Osdepym) estimó que la judicialización en salud pasó de 1.130 casos en 2011 a 10.900 en 2025, con un 95,7% de los amparos basados en medidas cautelares y un 89% de fallos a favor del demandante. Esto pone bajo presión financiera a las obras sociales y seguros de salud privados, y distorsiona el sistema general, consideraron.
El aumento en las acciones legales se ha visto impulsado principalmente por dos factores: primero, la desregulación del sector privado de salud en 2024, que generó una oleada de amparos ante el incremento de las tarifas hasta que la SSS intervino y alcanzó un acuerdo con dichos seguros; segundo, los medicamentos de alto costo, que aún aguardan la supervisión de la proyectada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), que todavía no ha sido implementada.
Una vía eficaz y prometedora
PS