Solicitud de la Iglesia al Congreso
Debido a serias críticas sobre el proceso de selección, la Iglesia Católica ha solicitado al Congreso revisar la lista de candidatos para liderar la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, junto con dos puestos adjuntos. Esta selección fue realizada por una comisión bicameral y requiere votación en ambas Cámaras del Congreso.
Críticas al proceso de selección
Mediante una misiva dirigida a los presidentes de la cámara alta y baja, Victoria Villarruel y Martín Menem respectivamente, los obispos responsables de la comisión de Vida, Laicos, Familia y Juventud del Episcopado han expresado que la selección fue llevada a cabo “de manera apresurada” y carente de un “debate plural representativo y fundamentado”. Por esta razón, exigen una evaluación rigurosa, neutral e imparcial del reciente nombramiento.
Preocupaciones sobre el proceso y los nominados
La comisión bicameral permanente, bajo la presidencia de la diputada Natalia Sarapura, propuso recientemente a María Paz Bertero, funcionaria bonaerense, para liderar la Defensoría y a Marías Robledo y Héctor Vito como adjuntos. Los obispos han señalado que la defensa de los derechos de menores es una responsabilidad que va más allá de procedimientos administrativos formales. La justicia social, la convivencia democrática y el respeto a la dignidad humana son aspectos esenciales de esta tarea.
Los obispos enfatizan que “la ética pública exige que estos cargos no se asignen precipitadamente ni sin un adecuado debate representativo”. Argumentan que es responsabilidad del Estado asegurar no solo el cumplimiento de la ley, sino también fomentar la confianza de la sociedad en las instituciones representativas.
Además, muestran su preocupación por las anomalías detectadas durante el proceso de selección y piden una revisión exhaustiva y neutral de las decisiones tomadas. Afirman que solo un proceso claro y bien fundamentado brindará la confianza institucional necesaria para salvaguardar efectivamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la nación.
Destacan que la Defensoría Nacional es un órgano autárquico creado en función de compromisos internacionales, por lo que se requiere de líderes con una base ética sólida, el reconocimiento social y la máxima transparencia, credibilidad y justicia.
Asimismo, señalan la existencia de candidatos con mayores credenciales y respaldos institucionales para asumir esta posición de relevancia social. Subrayan que la Ley 26.061 establece claramente las normativas sobre la selección de los defensores adjuntos, un aspecto que supera las competencias de la Comisión Bicameral que llevó a cabo el concurso.
“Por lo señalado, solicitamos a las presidencias de ambas Cámaras implementar las medidas necesarias para asegurar el respeto a la ley, la transparencia y la protección del interés superior de niñas, niños y adolescentes”, concluyen. La carta es firmada por el presidente de la Comisión Episcopal de Vida, Laicos, Familia y Juventud (CEVILAF), monseñor Martín Fassi, junto con los obispos Samuel Jofré y Andrés Stanovnic.