Tensión en la Legislatura fueguina por la modificación de la prohibición de salmonicultura
En el año 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó de manera unánime una ley que prohíbe de forma absoluta
el cultivo de salmón en aguas continentales y marítimas de la región, conocida como ley 1.355. Sin embargo, la
controversia ha resurgido con una propuesta que busca reemplazar esta normativa a través de un dictamen de
minoría.
Discordia en una sesión clave en Río Grande
El debate se intensificó tras una sesión conjunta entre las Comisiones N° 1 y N° 3, realizada el 8 de agosto en
Río Grande, donde se exploraron modificaciones a la ley 1.355. A pesar de las múltiples presentaciones y dudas,
la reunión fue interrumpida. No obstante, sin la presencia y sin el conocimiento de la presidenta de la Comisión
N° 3, que se había mostrado en contra de cambiar la normativa, se puso fin al cuarto intermedio y se avanzó con
un dictamen favorable.
Según documentos obtenidos, el dictamen en su primer artículo afirma: “Reemplázase el texto de la Ley provincial
1.355 por la presente normativa que regula el desarrollo sustentable de la acuicultura como una actividad
agropecuaria integral en aguas jurisdiccionales de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.”
Asimismo, el artículo 3 señala “la prohibición del cultivo y producción de salmónidos en aguas del canal Beagle,
con el objetivo de asegurar la protección y preservación de este ecosistema único y su biodiversidad marina.”
Este artículo, sin embargo, no descarta la actividad en otros cuerpos de agua que actualmente son resguardados
por la ley.
Para los lagos, lagunas, ríos y arroyos, se plantea el “uso consuntivo de las aguas”, donde la autoridad
competente velará por las iniciativas actuales de protección de especies y repoblamiento de peces, en línea con
la Ley provincial de Aguas 1.126.
Este documento fue firmado por los legisladores: Myriam Noemí Martínez del bloque oficialista Forja, Agustín
Pedro Coto de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pino del Partido Justicialista, y Gisela Dos Santos de Sumemos
Tolhuin.
Para diversas organizaciones sociales y ambientales, comunidades indígenas y otros actores, esta medida es vista
como un “acto gravísimo y desleal”, que podría suponer una amenaza futura con la expansión de estas actividades
en el canal Beagle.
Según Hugo Iglesias, de la organización ambiental Ambiente en Lucha, se oponen al intento de producir a gran
escala una especie considerada exótica. Iglesias argumenta que la promesa de generar empleos y abastecer al
mercado interno es “engañoso”, considerando que experiencias en Chile y Noruega han mostrado que estos
emprendimientos en realidad crean pocos puestos de trabajo.
Iglesias explica que “el modelo de salmonicultura que proponen tiene cada unidad productiva con entre 6 y 10
jaulas, cada una albergando alrededor de 100,000 peces. Los antibióticos, antiparasitarios y piensos utilizados
terminan por dañar el lecho marino”.
Agrega que la pretendida protección del Beagle resulta contradictoria ya que los planes prevén la instalación de
jaulas en el Mar Argentino, cuyas repercusiones afectarían también al canal Beagle.
La controversia se exacerbó con la renuncia de Laura Colazo, presidenta de la Comisión N° 3 de la Legislatura de
Tierra del Fuego, quien alegó que su decisión surge del levantamiento del cuarto intermedio sin notificación ni
consentimiento, y la consecuente emisión del dictamen favorable.
Colazo expresó en redes su preocupación por las vulneraciones a la transparencia y la integridad de los procesos
democráticos, reafirmando su compromiso con la preservación ambiental de la región. Según Iglesias, la
legisladora debió haber intervenido para detener el dictamen.
Se ha conocido que la empresa Newsan, una de las principales del sector tecnológico en Tierra del Fuego, ha
mostrado interés en desarrollar la cría de salmones. Su fundador, Rubén Cherñajovsky, ha avalado públicamente
modificar la ley 1.355.
Antonela Guevara, primera abogada selk’nam de la región, expresó decepción tras el aparente levantamiento del
cuarto intermedio, destacando la participación de Juan Carlos Pino, quien había apoyado la prohibición en el
pasado.
Se espera que el dictamen sea discutido en una próxima sesión legislativa, aunque su tratamiento podría ser
postergado. Si los votos propuestos prevalecen, es probable que la modificación sea aprobada por mayoría
simple.
A pesar de múltiples intentos, Clarín no logró contactarse con el diputado Agustín Coto, autor del proyecto para
modificar la ley 1.355.