Controversia sobre el trato a personas con discapacidad: la respuesta del Gobierno ante las quejas de las familias

“La situación empeora cada día en cuanto a la disponibilidad de docentes especializados. Sin la actualización del tarifario, los ingresos no reflejan la realidad económica y nadie está dispuesto a asumir esos roles. Estos profesionales no pueden estar asimilados a niñeras dado que ofrecen su apoyo en el entorno educativo de nuestros hijos. El pago es de 320.000 pesos por cuatro horas. Sin embargo, en nuestra situación, debido a la jornada extendida de la escuela, necesitamos a dos profesionales”. Paulo Morales es el padre de un niño con discapacidad. Está al tanto de que la crisis en este sector es crónica y ahora se ha intensificado debido al estancamiento salarial de los últimos meses y la falta de ajuste frente a la inflación que enfrentan quienes trabajan prestando servicios en este ámbito. En medio de la charla, recordó: “Ayer, nuestra acompañante terapéutica mencionó que ya no puede continuar. No es viable para nadie”.

En medio de diversas manifestaciones con motivos sociales y económicos, entre las que se encontraban las asociaciones ligadas a la discapacidad, se estaba contemplando en el Congreso la discusión sobre una legislación de Emergencia en Discapacidad. Esta normativa, que la administración central observa con cautela, es impulsada por la oposición, buscando descongelar un tarifario que lleva meses estancado.

Las problemáticas relativas a la salud en Argentina son numerosas, sin embargo, suelen seguir rutas argumentativas similares. Ya sea en el sector que se trate, el punto inicial siempre es una situación de “statu quo” de la que el Gobierno actual se queja. Esto podría aplicarse a diversas áreas que sobreviven con dificultades, ya sea por deficiencias abiertas, años de mala administración, o fluctuaciones presupuestarias que impidieron mejoras significativas, más allá del mero “aguantar”.

Con la llegada de las nuevas autoridades, el objetivo parece ser reiniciar el trabajo para corregir problemas históricos de ineficiencia. No obstante, hay quienes opinan que están eliminando lo bueno junto con lo malo. Durante este proceso, mientras aseguran estar realizando “auditorías” para obtener un diagnóstico “real”, el financiamiento del sector se congela y podrían darse recortes de personal o restricciones en el servicio a los pacientes.

En el complejo panorama actual, los tarifarios de servicios de discapacidad están en esa oleada, con diversas fuentes, incluida la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sugiriendo un desajuste severo. Desde este organismo han señalado que los Gobiernos previos han beneficiado la entrega sinsentido de pensiones por invalidez (lo cual incrementó el número de personas con necesidades de cobertura) y, pese a recibir un tarifario sobresaliente un 100% por debajo de la inflación estimada para 2023, se dieron aumentos acumulados del 99% en 2024.

“Acerca de los incrementos, el gobierno está comprometido con la viabilidad del sistema, y las auditorías en las pensiones son fundamentales. Estas permitirán gestionar los recursos con mayor eficacia, garantizando que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesiten, y al sistema de prestaciones”, indicaron desde ANDIS. Añadieron: “Mantener un déficit nulo es crucial para una gestión fiscal responsable que, a largo plazo, proporcionará mejores recursos para futuros incrementos”.

Análisis diferentes subrayan que aunque no ha aumentado significativamente la emisión de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), la gestión entre 2003 y 2023 experimentó un “crecimiento exponencial” de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, con implicaciones de cobro mensual. Desde la ANDIS criticaron que esta expansión, que benefició a más de un millón de personas durante los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, continuó en menor medida durante la administración de Mauricio Macri y la de Alberto Fernández.

Es posible argumentar que estas cifras coinciden con un reconocimiento gradual de derechos, diseñado para mejorar la calidad de vida de comunidades históricamente ignoradas. No obstante, bajo el pretexto de incremento desmedido en el número de beneficiarios y la falta de fondos, no se ha formalizado la reunión vital para actualizar ese conocido tarifario. Esta lista detalla servicios que deberían cubrirse plenamente para personas con CUD o beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.

Según el relato de Morales (quien, además de compartir su vivencia, representa a TEActiva, una organización promotora del autismo en la agenda pública), “la situación está dañando las coberturas, lo que es realmente crítico”, afirmando que “la problemática lleva años… aunque se intensifica ocasionalmente”. La causa actual es el congelamiento sin precedentes del tarifario, sumado a demoras en los pagos.”

El tarifario detalla precisamente cuánto deben abonar los financiadores de la salud (gobierno, obras sociales o prepagas) a los prestadores, entre ellos educadores integradores, médicos y centros de salud en diversas especialidades. Las exigencias comprenden tanto demoras en pagos, identificadas como “históricas”, ahora más pronunciadas, como los montos, que todos describen detenidos desde diciembre de 2024.

La responsabilidad de reunirse para actualizarlos recae en varios actores, que no han sido convocados por la ANDIS. Aunque muchas personas creen que la ANDIS toma estas decisiones, estas son realizadas por el Directorio de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad, integrado por múltiples entidades y representantes del sector, como ha detallado la ANDIS en respuesta a preguntas de Clarín.

Por diversas razones, en el contexto actual parece que a los profesionales ya no les resulta rentable continuar ofreciendo sus servicios al sector de discapacidad. Debido a una disminución en la disponibilidad y la cantidad de turnos ofrecidos, los tratamientos suelen extenderse o detenerse, a menos que las familias tengan la capacidad financiera de costear los tratamientos de su bolsillo.

Estas carencias ya llevan tiempo afectando a la población, pero resultan más críticas considerando la importancia de estos tratamientos para la salud y vida diaria de las personas con discapacidad. Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina, Alejandro Cytrynbaum señaló parte de esta problemática, explicando que la cobertura debería ser brindada por la obra social, pero hoy esto se complica por la falta de profesionales.

Cytrynbaum describió el tarifario como “extremadamente bajo”, considerándolo en su peor momento histórico, mencionando que, de no mediar ninguna complicación, el profesional podría cobrar a los tres meses, pero a menudo no reciben pago alguno. Así, sólo las familias que tienen capacidad financiera pueden asegurar las prestaciones necesarias.

En algunos casos excepcionales, las comunidades logran suplir estas carencias. Luis Rodríguez, director de “Puentes de luz”, una organización en San Martín de los Andes, explicó que la provincia está subsidiando el 15% de la facturación de servicios, aunque no es algo común o replicable en otras áreas. Aun así, su equipo ha debido comenzar a cobrar por lo que antes era gratuito, buscando apoyo comunitario para continuar atendiendo a las familias que lo necesitan.