Preocupación en el sector de la medicina prepaga
Hay inquietud en el ámbito de las prepagas médicas debido a recientes decisiones gubernamentales. Un artículo publicado en Clarín mencionó la “cartelización” refiriéndose con cierto tono irónico a que la mayoría de los incrementos de las cuotas previstas para octubre se ajustan alrededor de la inflación del 1,9 por ciento. Este término ha generado cierto revuelo y un pedido explícito para evitar su uso. El motivo principal es que el proceso iniciado el año pasado por este supuesto delito está próximo a concluir, y el Gobierno decidirá si impone sanciones a siete empresas prepagas como compensación para sus usuarios.
Investigación por prácticas anticompetitivas
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) está examinando si un importante grupo de prepagas, que controla casi el 65% del mercado, se concertó para implementar significativos incrementos de aproximadamente el 40% solo en enero de 2024. Esto ocurrió luego de que el Gobierno, con Javier Milei como presidente, decidiera liberar los precios de las cuotas mediante el DNU 70, que previamente habían estado regulados por la administración de Alberto Fernández.
Defensas y alegaciones
Recientemente concluyó una etapa crucial del caso con la presentación de los alegatos de todas las partes antes de que la CNDC y la Secretaría de Comercio emitan su resolución final. La investigación se originó tras una presentación de la Coalición Cívica, gestionada por los diputados Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Rubén Manzi y Juan Del Gaiso.
Las prepagas señaladas son OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint, Medifé, Hospital Alemán y Hospital Británico. Estas empresas argumentan que no cometieron el delito del que se les acusa y sostienen que los aumentos examinados fueron consecuencia del rezago en la actualización de las tarifas y de un esquema de costos similar que justificó los aumentos coincidentes.
De acuerdo con una fuente de las prepagas implicadas, hay una constante amenaza de un fallo desfavorable que podría tener un impacto económico sin precedentes, describiéndolo como una “espada de Damocles”. Han enfrentado este riesgo durante la reciente fase de mercado libre y las reformas sucesivas promovidas por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Un juicio anterior obligó a las prepagas a reembolsar a sus afiliados durante un año lo cobrado en exceso sobre la inflación.
El plazo para que este proceso llegue a su fin es de 60 días, aunque la Secretaría de Comercio ha declarado que no hay una fecha estimada para la decisión. Mientras tanto, las tensiones continúan, con una potencial medida disciplinaria en el horizonte.
Los legisladores de la Coalición Cívica han solicitado una multa superior a los 220 mil millones de pesos, conforme al artículo 55 de la ley 27.442. Buscan refutar la defensa de las prepagas relacionada con la estructura de costos, analizando el impacto variado que diferentes rubros como medicamentos, salarios, prácticas ambulatorias y hospitalizaciones tienen en cada empresa.
Se observa que el gasto en fármacos varía significativamente entre las compañías, con OSDE destinando el 21,73%, Swiss Medical el 4,13%, Galeno el 6,78%, Medifé el 22,32%, Omint el 6,65%, el Alemán el 0,37%, y el Británico el 16,55%. Estas diferencias refuerzan la opinión de que las estructuras de costos no pueden justificar los aumentos coincidentes. Además, entre febrero y marzo de 2024, los incrementos tarifarios mostraron mayor diversidad, lo cual algunos consideran un intento de las prepagas para desvincularse de las acusaciones de cartelización.
Análisis de la “desproporción de los aumentos”
Los denunciantes también argumentan que los aumentos son excesivos porque no coinciden con ninguna variable macroeconómica ni específica. Aun si se considerara un retraso en los aumentos, señalan que las diferencias triples entre el índice de salud y la inflación acumulada son difíciles de justificar.
Los denunciantes también hacen referencia a una reunión de la Unión Argentina de Salud (UAS) ocurrida el 26 de diciembre de 2023, donde se discutió la implementación del DNU 70/2023. Consideran que esta reunión es una prueba de que el cartel ya se habría formado en ese momento.
La CNDC deberá analizar todos los argumentos y evidencia aportados por las partes para decidir sobre el desenlace de este conflicto que estalló al inicio del Gobierno libertario. Es importante aclarar que una posible multa no implica automáticamente un beneficio directo para los afiliados, más allá de la compensación estipulada por la norma mediante el pago punitivo al Estado. Sin embargo, el diputado Reyes afirmó que si se condena a una prepaga por cartelización, los afiliados afectados podrían iniciar demandas civiles para reclamar una indemnización.