Un representante de la Alianza Mundial de Vaperos (WVA), una organización internacional financiada por una de las principales compañías tabacaleras, llegó a Buenos Aires para llevar a cabo varias conversaciones con miembros del Gobierno y legisladores del país, buscando que Argentina levante la prohibición impuesta desde 2011 sobre los dispositivos electrónicos para fumar.
Este representante es Alberto Gómez Hernández, un economista de origen español que se desempeña como Gerente de Políticas Públicas en esta agrupación internacional que defiende a los usuarios de vapeadores a nivel global. La organización sostiene la necesidad de regular los dispositivos electrónicos para fumar, un mercado que en Argentina es ilegal pero está en crecimiento. Los consumidores argumentan un derecho a usar estos dispositivos de manera segura.
El contexto histórico de la prohibición
Hace 14 años, bajo el kirchnerismo, se prohibieron de manera preventiva los cigarrillos electrónicos debido a la falta de información clara sobre sus efectos, cuando esta forma de consumo estaba comenzando a ganar popularidad. En años recientes, muchas naciones, principalmente en el hemisferio norte, han implementado regulaciones para los vapeadores. Sin embargo, en la mayor parte de Sudamérica, el mercado sigue siendo principalmente informal, excepto en Chile, donde la ley entró en vigor hace seis meses.
Conexiones financieras y objetivos de la WVA
La WVA representa a 150,000 vapeadores alrededor del mundo y, durante su visita al país, Gómez Hernández presentó a las autoridades locales una solicitud firmada por 15,000 argentinos. Es importante señalar que el financiamiento de esta iniciativa proviene del Consumer Choice Center, una organización con soporte financiero de British American Tobacco.
Clarín entrevistó a Gómez Hernández sobre su conexión con una industria interesada en expandir el mercado de los cigarrillos electrónicos, dado que el mercado del tabaco tradicional muestra señales de contracción. La credibilidad de una organización que defiende el uso del vapeo mientras recibe financiamiento de una tabacalera es puesta en cuestión.
El economista, procedente de Bruselas, reconoció el vínculo financiero, aunque aseguró que hay tanto financiamiento corporativo como un genuino reclamo social por parte de los usuarios de vapeadores. La carta enviada al Ministerio de Salud y a algunos legisladores destaca que, según estudios científicos, vapear es un 95% menos dañino que fumar, señalándolo como una herramienta eficaz para dejar de fumar cigarrillos tradicionales.
Ejemplos internacionales y controversias
Se basan en las experiencias de países como el Reino Unido, Suecia y Nueva Zelanda, que han incluido el vapeo en sus estrategias para reducir el tabaquismo con notable éxito. Sin embargo, estos argumentos no son universalmente aceptados en el ámbito médico, donde prevalece un enfoque cauteloso o incluso reticente.
Aunque el vapeo evita el uso directo del tabaco, lo cual es uno de los argumentos a favor de su menor impacto negativo, contiene nicotina que también genera adicción. Además, se han reportado casos de daño pulmonar grave, incluso con desenlaces fatales. Este mercado ha crecido incorporando tanto ex fumadores como personas jóvenes que nunca habían fumado tabaco tradicional.
Perspectiva política reciente y posibilidades futuras
La llegada del representante de la WVA a Buenos Aires ocurre poco después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde Javier Milei resultó ganador. Este cambio en el panorama político podría facilitar el progreso hacia la regulación del mercado de vapeadores, mientras también se espera que el Gobierno considere la anulación de la prohibición de 2011 impuesta por la ANMAT. Se argumenta que un Estado libertario debería permitir el libre albedrío del individuo, fomentando un mercado de vapeadores “legal, seguro y regulado para adultos fumadores”.
Clarín intentó contactar al Ministerio de Salud para conocer sus planes respecto a la posible eliminación de la prohibición de los dispositivos electrónicos para fumar, pero no obtuvo respuesta. Un indicio podría encontrarse en la Ley Ómnibus introducida a finales de 2023, que incluye un impuesto del 25% sobre los vapeadores y sus recargas.
Como en muchas decisiones de salud pública, la discusión se centra en el balance entre riesgo y beneficio. Los defensores de la regulación advierten que los vapeadores ingresan actualmente al país de manera clandestina y sin controles, a menudo siendo especialmente atractivos para los jóvenes. Sin embargo, hay quienes sostienen que oficializar este mercado no es la solución adecuada para un mal que continúa siendo perjudicial.