Cobro histórico por uso de ruta en peregrinaciones
Por primera vez en más de dos décadas, la Iglesia en Misiones debió cancelar una tasa al Gobierno Nacional para que miles de devotos pudieran desplazarse este fin de semana por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, uno de los lugares de devoción mariana más importantes en la región.
Reacciones del clero ante el nuevo cargo
El padre Leonardo Cuenca, a través de sus plataformas digitales, manifestó su descontento ante lo que describió como “una nueva tasa” que fue implementada para permitir el tránsito de más de diez mil peregrinos católicos, quienes recorrieron la ruta a pie o en bicicleta como muestra de su fe y resistencia física.
El sacerdote, que lidera el santuario de Loreto, expresó su sorpresa porque “en la nación de la libertad, ahora por primera vez en 24 años, hemos tenido que desembolsar más de medio millón de pesos al Estado Nacional para transitar la ruta 12, un camino en abandono, invadido por la vegetación”.
Cuenca detalló que este pago fue solicitado por Vialidad Nacional bajo el concepto de “intervención del camino”, y el dinero fue dirigido a las cuentas de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA).
“Aparece inesperadamente una tasa adicional. Aunque 560 mil pesos pueda parecer poco considerando la cantidad de peregrinos, no se comprende la razón ni la lógica detrás de esta medida”, indicó.
Mostrando su frustración, el sacerdote expresó: “Ahora hasta para peregrinar nos imponen un nuevo arancel”. En sus publicaciones en redes, también criticó que “los impuestos suben para los que caminan mientras los poderosos se benefician con exenciones. Todo parte de un esquema económico extranjero que busca que pocos prosperen a costa de la mayoría empobrecida”.
El padre Cuenca criticó el cobro justificando que “la contraprestación del Estado es inexistente”. Sin embargo, reconoció la colaboración de instituciones como la Policía de Misiones, Gendarmería, Prefectura y el Ministerio de Salud que aseguraron la seguridad del recorrido sin solicitar ningún pago.
Hasta este evento, la Iglesia sólo desembolsaba por un seguro para los peregrinos, algo que aclaró “no es obligatorio ni exigido”.
Acerca del pago, comentó que fue efectuado de forma digital y lo describió como “un impuesto nacional dirigido a ARCA. Esto está claramente documentado”. Añadió que, en caso de no cumplir con este pago, “la peregrinación no estaría autorizada para comenzar”.
Cuenca añadió que “esto podría establecer un precedente para otras peregrinaciones o eventos de fe populares. Lo que inquieta no es tanto el pago, sino la falta de interés del Estado sobre algo tan cultural y regional”.
Explicó que la tarifa se calculó según el periodo en que aproximadamente 12.000 peregrinos utilizaron la ruta nacional 12, específicamente desde las 18 del sábado 15 hasta la mañana del domingo 16.
El sacerdote dijo que se contactaron con los obispados de Luján e Itatí, reconocidos centros de peregrinación en el país, y ambos aseguraron que nunca se les solicitó tal pago.
Portavoces de Vialidad Nacional informaron al diario El Territorio que la tarifa está respaldada por la Ley Nacional de Tránsito. Anteriormente no se había cobrado porque los organizadores no solicitaron el permiso adecuado.
Indicaron que el artículo 60 de dicha ley establece tasas para el uso de la vía pública “con fines ajenos al tránsito” mencionando actividades como “manifestaciones, mitines, exhibiciones, competiciones pedestres, ciclísticas, ecuestres, automovilísticas”. Esto sugiere que el cobro se debió a la naturaleza de la manifestación religiosa.