Implementación de un Programa de Sepelio Solidario
El intendente de Ushuaia, Walter Vuotto, afiliado al kirchnerismo, impulsó un plan que fue aprobado en el Concejo Deliberante sin haber pasado por las comisiones pertinentes. La medida instaura un gravamen del 10% sobre la tasa general de servicios, con el objetivo de crear un “Programa Municipal de Sepelio Solidario”, que pretende recaudar fondos para sufragar los gastos funerarios de las personas que lo requieran en la ciudad.
Reacciones y Opiniones Encontradas
La aprobación de este nuevo tributo ha desatado controversias en Tierra del Fuego, con críticos dentro del recinto legislativo. Algunos concejales de la oposición manifestaron su desacuerdo, alegando que el proyecto fue presentado intempestivamente y carece de claridad sobre su aplicación y los beneficiarios directos.
En la sesión final del año, el proyecto se aprobó con respaldo de los partidos PJ, Forja y el Movimiento Popular Fueguino, mientras que algunos bloques como Provincia Grande y Somos Fueguinos votaron en contra. El objetivo del programa es cubrir los costos de los sepelios de cualquier residente con el impuesto del 10% mencionado, que será cobrado a todos los contribuyentes de Ushuaia.
Una parte controvertida del plan señala que, incluso si una persona ya posee seguro de sepelio privado, el municipio reembolsará a la familia los costos del servicio funerario, lo que ha despertado suspicacias en el entorno político y el sector privado.
Críticas de Empresarios
La decisión municipal enfrenta críticas también desde el sector empresarial. Eduardo Malvé, de la Cámara Metropolitana de Empresas de Sepelios (Camese), cuestionó la propuesta por considerarla un duplicado de una ley provincial aún no reglamentada y la tildó de inconstitucional.
El empresario remarcó que no existe en Argentina ningún esquema municipal o provincial que imponga un servicio de sepelios universal, obligatorio y financiado a partir de una tasa impuesta, lo cual considera una carga compulsiva que perjudica a los ciudadanos.
Malvé añadió que la falta de transparencia sobre cómo se administrará el fondo recaudado es problemática: “No se sabe quién gestionará el dinero ni el procedimiento de selección de las funerarias. Nuevamente, tenemos al Estado recolectando recursos de los contribuyentes para transferirlos al sector privado”.
Finalmente, subrayó que los servicios funerarios tienen un carácter privado, y cómo cada persona prefiere ser despedida es una decisión individual, enfatizando en el derecho a elegir entre entierro, cremación u otros deseos personales.