Polémica en torno al caso de Gabriela Fernández
El asunto relacionado con Gaby Fernández ha estado en el centro de la polémica desde sus comienzos, y en los últimos días continúa siendo tema de discusión. Gabriela, conocida anteriormente como Gabriel Fernández, ha estado detenida en el penal de Bouwer, Córdoba, desde 2016. Ingresó como hombre, pero en 2018 comenzó su transición de género, lo que llevó a su traslado a un pabellón femenino. Fue en ese lugar donde abusó sexualmente y dejó embarazada a otra reclusa. Recientemente, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Córdoba ha imputado a Fernández con dos nuevas acusaciones de abuso sexual hacia otras internas.
Antecedentes y nuevos cargos contra Fernández
Fernández fue arrestada y encarcelada en 2016 por cargos de violencia de género contra su entonces pareja. Dos años después, su situación cambió drásticamente: recibió su condena por lesiones leves calificadas y privación de la libertad calificada. Además, comenzó a identificarse como mujer, y en base a la ley 26.743, fue trasladada al pabellón de mujeres. Fue allí donde se produjo el abuso sexual y embarazo de otra reclusa.
En 2022, bajo libertad condicional, Fernández estableció una nueva relación que terminó en denuncias por su conducta violenta. Su nueva pareja la denunció, utilizando su nombre masculino, lo cual llevó a Fernández de nuevo a prisión en 2023. Las denuncias incluyeron privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones leves calificadas y violación de restricciones legales, lo que resultó en prisión preventiva, ratificada por la Justicia en 2024.
Más allá de las nuevas denuncias que marcaron su regreso a prisión, el dictamen judicial también recogió señalamientos de otras parejas en libertad por violencia de género similar. Como resultado, la Cámara de Acusación de Córdoba instruyó que Fernández permaneciera en una celda aislada de reclusos de ambos géneros.
El pronunciamiento judicial también remarcó riesgos a los derechos de las detenidas y funcionarias de la prisión a causa de la situación de Fernández. “Se pusieron en peligro los derechos de 481 mujeres internas, además de las mujeres encargadas de su cuidado”, escribieron los jueces en el dictamen.
El debate se extendió a los medios y a la esfera política. En noviembre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó su oposición en redes sociales: “La autopercepción es una trampa para seguir delinquiendo dentro del penal como afuera”, expresó en un tuit contundente.
Por otro lado, Alfonsina Muñiz, defensora de Fernández, contrarrestó la argumentación en su defensa, declarando: “Ella tampoco se identifica plenamente como mujer”. Esta declaración giró la conversación hacia la adecuación de las cárceles para personas transgénero, algo que Muñiz considera crucial.
Recientemente, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba presentó nuevos cargos contra Fernández por delitos de género hacia otras internas, aunque los detalles sobre estos casos, así como el momento en que ocurrieron, no han sido especificados. También indicaron que la identidad de género de Fernández está bajo investigación.
El caso trascendió a nivel nacional, ganando notoriedad el pasado noviembre. Figuras como Milei y Adorni se han referido públicamente a la situación. Durante una entrevista reciente, Milei comentó: “Hay un caso de un hombre que se autoidentifica como mujer en prisión, donde ha abusado y embarazado a reclusas”, describiendo la situación como un “disparate”.
A su vez, Adorni se refirió al caso al anunciar la prohibición de trasladar a reclusos que cambian de género. Expresó que el sistema actual se ha convertido en una herramienta para los condenados por violencia de género, facilitando que repitan estas acciones dentro de las cárceles, con mujeres como víctimas.