Error de Transferencia Desde Villa Mercedes
En una calurosa jornada de martes, Verónica Acosta, de 35 años, ansiaba recibir una transferencia por manutención de alrededor de 8 mil pesos. Su situación es delicada; atravesó momentos de indigencia y dos de sus cuatro hijos viven con su abuela debido a la falta de espacio en su modesta casa en un terreno compartido de Villa Mercedes, San Luis.
Una situación inesperada
A unos 100 kilómetros de allí, Walter Valenzuela, el tesorero general, estaba ocupado gestionando cerca de 1200 transferencias programadas en la sede del gobierno provincial. Para Verónica, esos 8 mil pesos eran cruciales, el costo aproximado de seis paquetes de fideos. Sin embargo, cuando revisó su cuenta, había recibido la asombrosa suma de 510 millones de pesos, una cifra que podría comprar un apartamento promedio en Puerto Madero.
Confusión y Consecuencias Legales
Lo que para muchos sería un sueño, para Verónica se convirtió en una pesadilla legal. Sin pretenderlo, enfrenta cargos por fraude, uso indebido de tarjetas y retención ilegal de recursos estatales. Esta peculiar historia ganó notoriedad en todo el país. Fueron rumores falsos los que decían que había derrochado en sushi y lujos. La verdad es que el dinero se gastó en alimentos básicos como arroz y fideos, y algunas mejoras para su hogar.
Después de que ella y su familia devolvieran el dinero, la justicia en San Luis ahora exige una fianza de 30 millones de pesos para evitar encarcelarlos.
Surgió la defensa de Hernán Echevarría, abogado de Verónica, quien compartió que ella, al notar semejante cantidad en su cuenta, consideró que era un error. Cerró y abrió la app del Banco Nación varias veces, pensando que los dígitos eran los de un error técnico. Decidió transferir pequeñas sumas a sus familiares, presentes en su casa cuando descubrió la situación. Los receptores de estos montos, también bajo investigación, son Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil.
“Vi ese dinero y, en un momento de necesidad, lo utilicé para ayudar a mi familia. Sentí que era un regalo del cielo”, compartió Verónica. Compró comida básica y algunos artículos del hogar, incluyendo una freidora de aire para hacer papas fritas, que según ella es lo más económico para consumir.
Entre las adquisiciones, el gasto más elevado fue un Ford Ka modelo 2010. Un vehículo de segunda mano con el parabrisas roto, ideal para transportar a la familia y llevar a los niños a la escuela.
El gobierno, sorprendido por la situación, detectó el fallo el día posterior al depósito, cuando repasaban el informe de operaciones diarias. En un intento por solucionar el error, Valenzuela solicitó al Banco Nación congelar la cuenta de inmediato, aunque para ese momento ya varios movimientos habían ocurrido.
Al presentar una denuncia oficial, se produjo una rápida acción judicial, con un allanamiento en su hogar y detenciones de Verónica y sus familiares. El gobierno afirma que logró recuperar más del 90% del monto gracias al trazado de las transacciones, todas hechas a través de plataformas digitales.
Valenzuela explicó que Verónica debía recibir el dinero como parte del pago de manutención, que se retira automáticamente del salario de un empleado provincial, el padre de uno de sus hijos. Por un fallo administrativo, el total de las órdenes de pago fue remitido a su cuenta, en lugar de distribuirse entre todos los destinatarios.
Esta confusión acerca de la descripción de la transferencia —simplemente identificada como “Data” en el Banco Nación— es crucial en su defensa, alegando desconocimiento del origen gubernamental de los fondos. El gobierno de San Luis no ha podido aclarar bajo qué concepto le fue entregado el dinero.
Su abogado enfatiza que Verónica no solicitó los fondos ni los gestionó. Las acusaciones de fraude con tarjetas y retención de fondos públicos quedan, en su opinión, sin sustento porque no hubo comunicación previa que indicara un error de transferencia.
La fiscal Daniela Torres investigó el caso como un acto criminal, y la jueza subrogante Antonela Panero ordenó que todos los implicados deben pagar 30 millones de pesos para evitar prisión.
Según el abogado, la situación es desmesurada. “Son personas humildes sin antecedentes penales, residentes conocidos que no obraron de mala fe. No son una red de estafadores; fue un error del gobierno que ahora quieren cargar sobre estas personas”, concluyó.
AGE