Decisiones Judiciales en el Caso del Fentanilo Contaminado
Tras casi cinco meses desde que se registraron las primeras muertes en un hospital ocasionadas por fentanilo contaminado con bacterias y después de varios retrasos debido a la inclusión de nuevos elementos por parte de los implicados, la Justicia Federal concluyó la situación procesal en la investigación que involucra 96 muertes y daños a la salud de otros 30 pacientes críticos en cinco provincias del país. Aunque el tribunal determinó insuficiencia de pruebas para cuatro de los imputados, los otros 13 enfrentan procesos judiciales; seis de ellos, bajo prisión preventiva.
El Caso de Ariel García Furfaro
Ariel García Furfaro, un empresario reconocidamente controversial y propietario de los laboratorios HLB y Ramallo, desde donde se distribuyeron las más de 300,000 ampollas de fentanilo comprometido, es el principal acusado en esta causa. El juez Ernesto Kreplak, al frente de la investigación que se encuentra en desarrollo en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata, procesó a García Furfaro y garantizó su detención bajo prisión preventiva. Además, ordenó el congelamiento de sus bienes y estableció un embargo por un billón de pesos como cobertura de posibles responsabilidades legales.
Otros Implicados en el Escándalo del Fentanilo
Diego Hernán García, hermano de Ariel, y Nilda, su madre, quien estaba en prisión domiciliaria, enfrentaron las mismas medidas —procesamiento y prisión preventiva— y sus bienes también fueron embargados por hasta 500,000 millones de pesos. Nilda posee un 10% de HLB, y los procesos de producción estaban a cargo de otra empresa de la familia. Por otro lado, Damián García Furfaro, otro hermano que había sido detenido, fue liberado tras dictársele la falta de mérito, aunque no podrá salir del país ni contactar con otros implicados o testigos.
Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano y Víctor Pablo Boccaccio, accionistas y responsables técnicos de Laboratorios Ramallo, también fueron liberados al no encontrarse suficiente mérito, aunque continuarán con restricciones sobre sus bienes y su movimiento fuera del país.
Javier Tchukrán, por su parte, exdirector de Manufactura de HLB y director general de Ramallo, al igual que José Antonio Maiorano, director técnico de HLB, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Ramallo, tienen embargos que oscilan entre 100,000 y 500,000 millones de pesos.
Procesos Judiciales Sin Prisión Preventiva
María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad, al igual que Wilson Pons y Adriana Iudica, jefe y subjefa de Control de Calidad, respectivamente, fueron procesados pero sin prisión preventiva. No obstante, enfrentan embargos significativos como respaldo a eventuales responsabilidades civiles.
Del mismo modo, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar y Rocío del Cielo Garay, ambas vinculadas a las áreas de Garantía de Calidad y Fisicoquímica-Control de Calidad, respectivamente, quedan procesadas con embargos menores pero sin ingreso a prisión por el momento.
Investigación y Repercusiones
El proceso judicial continúa, con 96 muertes bajo minuciosa revisión. Se investiga cuántos de los decesos fueron directamente causados por el fentanilo contaminado. En paralelo, las familias de las víctimas se reúnen en busca de justicia por las tragedias vividas, respaldadas ahora por una comisión investigadora creada por el Congreso. A raíz de las investigaciones, el papel de la ANMAT es cuestionado, ya que bajo su vigilancia deberían haberse detectado y clausurado las prácticas irregulares en estos laboratorios.