Un fallo histórico en la justicia argentina
Este jueves se dio a conocer un veredicto crucial en el ámbito judicial argentino, el cual podría representar un cambio significativo. Cuatro individuos —Máximo Cisneros (61), Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30)— han sido encontrados responsables de la muerte y despiece de un yaguareté. Este animal, que es una especie en peligro de extinción, fue cazado en Estanislao del Campo, en la provincia de Formosa.
El suceso que conmocionó al país ocurrió en julio del año pasado.
Detalles del juicio y las condenas
Conversando con Clarín, el juez Pablo Morán del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, confirmó el resultado del caso después de que la fiscalía sugiriera un juicio abreviado, proponiendo penas de dos años de prisión efectiva.
Walter Hugo Ponce De León, Viterman Ponce De León y Claudio Cisneros enfrentarán la pena bajo arresto domiciliario. En cambio, Máximo Cisneros, propietario del lugar donde ocurrió el incidente, tendrá dos años de prisión en suspenso. Esto se debe a que los primeros se encontraban prófugos, mientras que Máximo Cisneros siempre estuvo bajo la jurisdicción de la ley.
“Es la primera ocasión en la que llegamos a un juicio entre más de 75 causas que hemos manejado en dos décadas, y será el primer fallo de este tipo”, señala Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo y fundador de la ONG Red Yaguareté. Esta organización fue aceptada como parte querellante junto a la Administración de Parques Nacionales.
Nicolás explicó que “la causa se manejó de manera muy eficiente y rápida, algo poco usual en este tipo de procesos. Tres de los acusados estuvieron prófugos por más de un mes y posteriormente fueron detenidos durante unos dos meses en Formosa. Luego se les otorgó arresto domiciliario con permiso de salida laboral, ya que se dedican a labores de campo sin empleo formal.”
Este incidente representa la segunda ocasión en la que una ONG es admitida como querellante en un caso de caza ilegal de yaguaretés en Argentina. Anteriormente, en Formosa y con el mismo juez, Pablo Morán, se logró algo similar un día después de la final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022.
En el caso anterior, una persona de Clorinda fue procesada, aunque el juicio aún no ha comenzado. La investigación continúa en el mismo juzgado federal, y nuevamente, Red Yaguareté junto a Parques Nacionales, fue reconocida como parte querellante, consolidando un precedente sin igual.
Esto consolida una estrategia judicial que hasta hace poco era inesperada. “Deseamos que no ocurran más crímenes de este tipo, pero si suceden, este cambio es crucial. Estar en calidad de querellantes nos permite aportar pruebas, contexto, historia y conocimientos técnicos que un juez, de manera aislada, normalmente no tiene disponibles”, expresaron desde la ONG.
En un momento en el que el yaguareté está al borde de la extinción y los casos de su caza ilegal raramente llegan a juicio, esta condena —fruto de la colaboración entre la justicia, el Estado y organizaciones como Red Yaguareté— abre una nueva esperanza para que estos delitos no queden sin castigo.
MG