Tras la detención de Ariel García Furfaro, de 49 años, propietario del laboratorio que comercializaba fentanilo adulterado, y la investigación de los 17 imputados, la pesquisa sobre las muertes de al menos 97 personas que consumieron el medicamento pareciera haberse estancado. El juez federal a cargo del caso, Ernesto Kreplak, debe decidir en los próximos días si dicta prisión preventiva para ocho de los acusados, entre ellos, García y sus hermanos Diego y Hernán, al igual que su madre, Nélida Furfaro, quien por su edad podría recibir arresto domiciliario, o si podrán seguir el proceso legal en libertad.
Situación procesal y medidas judiciales
El magistrado tiene un plazo de 10 días hábiles después de finalizadas las declaraciones para resolver la situación procesal de los acusados. Este período concluye este jueves, según información recabada. En paralelo, la justicia realizó allanamientos en las viviendas y oficinas de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) bajo sospecha de negligencias en sus funciones regulatorias.
Otro factor que inquieta a los familiares de las víctimas y sus representantes legales es la paralización de los análisis por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Suprema Corte de Justicia. Este organismo es responsable de examinar las historias clínicas de pacientes que fueron tratados en 24 establecimientos de seis jurisdicciones del país. Esta evaluación fue determinante para solicitar la detención de García Furfaro, de los directivos de las farmacéuticas y técnicos de los laboratorios. A la fecha, desde el 21 de agosto, hay ocho personas detenidas en la causa.
La pericia médica es crucial para establecer el nivel de relación entre la administración del medicamento adulterado y el fallecimiento de los pacientes. Un primer informe determinó que al menos 12 de las 20 personas examinadas mostraron un “efecto concausal” entre el uso del fentanilo y sus muertes.
“El análisis de 20 historias clínicas más está listo desde hace semanas en el Cuerpo Médico. Sin embargo, el proceso está retrasado porque falta información que los expertos necesitan evaluar”, comentó un abogado familiarizado con el caso al diario Clarín.
Según se ha sabido, la prueba solicitada hace 40 días por Kreplak está detenida debido a la carencia de datos que deben proporcionar las clínicas y hospitales involucrados. “Por ejemplo, una historia menciona un cultivo bacteriano, pero los resultados no han sido incluidos en los documentos”, señaló una fuente informada.
Avances y obstáculos en la investigación
El equipo de especialistas convocado por la Corte Suprema ha organizado varias juntas médicas, pero no ha podido avanzar debido a la falta de información. “Hasta que no consigan todos los elementos, no pueden seguir”, explicaron fuentes cercanas a la investigación.
El expediente del Juzgado Federal 3 de La Plata ha incorporado el primer informe del CMF. En él, los peritos señalaron que el cuadro de infección relacionado con los microorganismos hallados en las ampollas de fentanilo HLB (lotes 31.202 y 31.244) y en los organismos de los pacientes, muchos de los cuales estuvieron en terapia intensiva, fue un factor significativamente agravante en su condición clínica y contribuyó a su fallecimiento. A esta conexión se le denomina “nexo concausal”.
Hasta la fecha del dictamen, se identificaron 12 pacientes cuyas historias clínicas muestran nexos concausales con la muerte debida al uso del fentanilo contaminado. Han sido revisados 20 registros médicos, pero la causa examina, de momento, 97 muertes. Aún quedan 77 historias de fallecidos por evaluar. Adicionalmente, se sospecha que otros 30 pacientes podrían haber visto agravado su estado debido a la administración del opioide en mal estado.
La Justicia está investigando un total de 127 casos. Fuera de los tribunales, las familias de esos hombres, mujeres e incluso niños, esperan saber si sus seres queridos fueron afectados o fallecieron por el fentanilo de HLB.
Inspección al laboratorio Ramallo
Entre los últimos procedimientos ordenados por Kreplak se encuentra la inspección al laboratorio Ramallo, parte del grupo empresarial de García Furfaro donde se fabricaba el analgésico administrado en centros de salud.
El juez solicitó al Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia que revise las instalaciones de la empresa tras encontrar pilas de medicamentos desechados sin cuidado.
En las montañas de fármacos encontrados en el lugar no se hallaron ampollas con fentanilo, sino otros medicamentos como ibuprofeno y omeprazol en cápsulas de vidrio, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Como parte de la orden judicial, inspectores del ministerio y fuerzas de seguridad nacionales (Prefectura y Policía Federal) realizaron un relevamiento en la planta de Laboratorios Ramallo, situada en la ciudad de Ramallo.
Se recorrieron tanto áreas perimetrales como interiores. “Encontramos restos de ampollas, blisters y residuos farmacológicos etiquetados como cloruro de potasio, suero fisiológico, solución glucosada, diclofenac”, detallaron en el informe entregado al juez.
De acuerdo con las normativas provinciales, esos desechos pertenecen al Anexo I de la Ley 11720, corrientes Y2-Y3 (“Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos; Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal”).
Las autoridades provinciales requerirán a la empresa que “de inmediato gestione adecuadamente y retire los residuos especiales mediante operadores habilitados y que, paralelamente, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente según la Resolución OPDS 445/18, art. 2”.
La empresa se encuentra clausurada desde hace cuatro meses. Solo hay personal de seguridad en sus instalaciones, y sus propietarios están detenidos, imputados o bajo sospecha en el caso del fentanilo.