Detenciones en aumento por competencias ilegales en Pinamar
El pasado fin de semana, la Policía llevó a cabo varios operativos en la salida de La Frontera, en el norte de Pinamar, donde se organizan carreras ilegales. Cuatro de los conductores capturados permanecieron detenidos, mientras se espera que el juez de Garantías decida sobre la situación de otros cuatro aprehendidos en una operación posterior el sábado por la tarde. Entre los vehículos confiscados hay ocho camionetas y un cuatriciclo.
En total, fueron detenidas 9 personas, de las cuales solo una ha sido liberada.
Las autoridades continuarán con los mismos protocolos de control, empleando policías de civil infiltrados entre el público que se reúne en el improvisado circuito para registrar matrículas y usando drones para captar las maniobras en la zona de “La Hoya”, una depresión natural rodeada de dunas.
La legalidad de las competencias y el destino de los vehículos
La duda ahora es si las camionetas, automóviles, motocicletas, cuatriciclos y UTV, seguirán participando en estas competencias ilegales. El acceso y salida de estos vehículos se realiza por un único punto, donde los agentes, tras identificarlos, solicitan documentación y los detienen por violar el artículo del Código Penal que sanciona conductas que ponen en peligro a terceros, procediendo al secuestro de los vehículos.
Se fundamenta en el artículo 193 bis del Código Penal: “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años y una inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que genere una situación de peligro para la vida o integridad física de personas al participar en una prueba de velocidad o destreza con un vehículo automotor sin la debida autorización de la autoridad competente”.
La mayoría de las camionetas incautadas en las competencias ilegales en La Hoya son VW Amarok, y podrían ser confiscadas definitivamente.
El fiscal federal Juan Pablo Curi fue el primero en aplicar este artículo al piloto del helicóptero AW109, una gran aeronave que aterrizó el miércoles en La Hoya en medio de la multitud, causando sorpresa y caos.
En una charla con Clarín, el secretario de Turismo de Pinamar, Lucas Ventoso, señaló la falta de acción tanto de la Policía como del Ministerio Público Fiscal. Aludiendo al Código Penal, afirmó: “Se puede poner fin a las carreras ilegales”. Propuso decomisar “la herramienta” utilizada para el delito, es decir, los vehículos todo terreno.
Varias camionetas VW Amarok, una Ford Raptor y un cuatriciclo, sumando un total de 9, siguen estacionadas frente a la comisaría de Pinamar.
Los conductores se encuentran detenidos, sujetos a disposición judicial.
¿Cuál será el destino de estos vehículos? ¿Serán decomisados por la Justicia para ser entregados en custodia a entidades públicas? ¿Podrán los propietarios recuperarlos?
“Los vehículos son incautados porque el acusado los empleó para cometer el delito. Si interceptas a alguien disparando un arma de fuego contra otra persona, y no la hiere, comete un delito de peligro abstracto que genera riesgo. Legalmente, el vehículo es equiparable al arma. La decisión de devolverlo recae en el juez, pero no deberían hacerlo”, opinó el funcionario pinamarense consultado por Clarín.
Lucas Ventoso, abogado y ex responsable de Seguridad del distrito bajo la administración de Martín Yeza, sostiene que la Justicia debe evaluar si es apropiado incautar el vehículo a alguien sin antecedentes penales.
Además de identificar a los conductores que transitaban por La Frontera, realizaron controles de alcoholemia.
“Creo que sí, es adecuado, y no se trata del valor del vehículo, bien sea un Renault 4 de 500 dólares o una Ford Raptor de 140 mil dólares, el riesgo a la vida que estos terceros generan es el mismo. Como si el arma de fuego del ejemplo estuviera hecha de oro, la esencia es igual a un calibre 22 común. El Estado debe confiscar los vehículos debido al riesgo que supone la acción de su conductor. Si se devuelven, ¿qué ocurriría? Las carreras continúan y, cuando ocurra un accidente fatal, se cuestionará la responsabilidad del Poder Judicial”.
Mar del Plata. Corresponsal
MG