Actualmente, Iñaki Bohn Rioboo tendría 20 años. Aunque es incierto qué actividades realizaría hoy en día, probablemente se le vería persiguiendo un balón en un partido de fútbol. Tristemente, Iñaki falleció a los 11 años de una forma absurda y trágica: al salir de la piscina común de un country en Hudson, tocó una lámpara con su pierna y sufrió una descarga eléctrica.
Este lamentable incidente tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche del 22 de febrero de 2017 en el barrio privado Altos de Hudson II, situado a lo largo de la colectora de la autovía 2, en el partido de Berazategui. Han pasado más de ocho años y su familia sigue esperando justicia.
Postergación del juicio
Se tenía programado el inicio del juicio el lunes 3 de noviembre en los juzgados de Quilmes, en contra de tres acusados, pero la apertura del proceso se aplazó para el martes 11.
Los acusados de “homicidio culposo” son Santiago Domingo “Chavo” Collavini (53), quien era administrador y responsable del barrio al momento de la tragedia; Rubén Daniel “Beto” Bentolila Levy (57), electricista también involucrado; y Alejandro Héctor Lucero (57), de la empresa responsable del mantenimiento del sistema eléctrico y las áreas verdes del barrio.
Previamente, Guillermo Marcial Franco (66), arquitecto, y Enrique Rodrigo Rocha (50), electricista, recibieron una condena benigna de un año de prisión en suspenso y una inhabilitación de cinco años para ejercer.
Problemas de seguridad eléctrica
Magdalena Rioboo (47), madre de Iñaki, advierte en un grupo de Facebook que “se demostró que no había disyuntores instalados ni en la lámpara, el bloque de luces, la piscina, ni el SUM en el momento del accidente. El desvío del alumbrado público. Esa negligencia llevó a la muerte de nuestro hijo. Y ellos lo sabían”, subraya.
También se verificó que la base de la lámpara no estaba equipada con una jabalina para puesta a tierra o conexión de protección. Los cables internos no tenían protección mecánica y estaban empalmados con cinta aislante, contrario a las reglamentaciones para columnas.
En el momento del suceso, Iñaki se encontraba con su padre, Gastón Bohn, en un dúplex alquilado por Collavini en el country. El padre estaba separado de la madre desde hacía cinco años y había formado una nueva familia junto a Anabel Liguori, con quien tiene a Valentín, quien hoy tiene 11 años, la misma edad que tenía Iñaki al perder la vida.
La noche del accidente, el niño jugaba en la piscina con amigos. En pleno verano, con el calor abrasador, salió a buscar una pelota y al tocar la lámpara, sufrió una descarga eléctrica fulminante.
Un médico residente del lugar intentó reanimarlo mientras que una ambulancia llegó para asistir, pero lamentablemente, el desfibrilador estaba fuera de servicio. Ya no podían hacer nada por él.
Su padre recordó que el pequeño soñaba con ser futbolista, era un apasionado hincha de Independiente y jugaba en la categoría infantil del barrio.
Gastón, quien es comerciante, relató que en el barrio tuvieron que reemplazar 120 lámparas debido a que “no cumplían con los estándares de seguridad”. También había reportado problemas eléctricos, como fallas continuas en el sumidero térmico del SUM, que nunca fueron solucionadas.
Según explicó, la pandemia de COVID-19, la muerte del primer juez del caso y “las tácticas legales de los defensores” retardaron el juicio.
Gastón cuenta con el respaldo legal de la abogada Marina Ameal, mientras que Magdalena tiene a su representante Carlos Zimmermann. Recientemente, se unió el estudio del abogado Fernando Burlando, quien argumenta que la acusación por “homicidio culposo” debería cambiarse a “homicidio simple con dolo eventual”, lo cual podría implicar una condena de 8 a 25 años de prisión.
“Nadie, sea del oficio que sea, puede dejar de imaginar las consecuencias mortales cuando sucede un incidente eléctrico sin las debidas precauciones. Esa lámpara se convirtió en una trampa mortal”, reafirmó Burlando.
El defensor de Collavini, el abogado Gustavo Frasquet, intentó sin éxito recusar a la jueza Sandra Martucci, anteriormente denunciada penalmente por él en 2003 por su desempeño como fiscal en un caso de malversación.
Collavini, en su declaración, afirmó que su deber en el barrio consistía en “administrar, recaudar fondos y efectuar pagos”, negando tener responsabilidades sobre las instalaciones eléctricas o sanitarias.
El día del accidente, al enterarse de lo ocurrido, Collavini contactó a Bentolila Levy diciéndole: “Ven ahora mismo, tenemos un problema con una lámpara”. El “problema” era la muerte del niño.
Al medir la lámpara, Bentolila comprobó que descargaba 220 voltios.
La fiscal Karina Santolin, en su solicitud de juicio, determinó que existía “impericia, negligencia y desidia por parte de Collavini”.
Siguiendo la disposición de Martucci, del Juzgado Correccional N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, el juicio estará programado para comenzar el martes 11 a las 10 de la mañana, con Carlos Squeo como fiscal. Se prevén audiencias también el 17, el 18, el 24 y el 25 de noviembre.