En un reciente decreto multidisciplinario, el gobierno ha decidido 1) extender la emergencia sanitaria por un año adicional, lo que pospone el estallido de una considerable deuda en el ámbito de la salud, conocida por algunos como “la bomba del sistema de salud”; 2) aumentar el alcance del Ministerio de Salud para que incluya el control sobre precursores químicos, tras el escándalo del fentanilo contaminado; y 3) formalmente integrar a este ministerio la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad, que ahora funcionará en el nivel de secretaría, tal como lo había declarado recientemente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La continuada emergencia en salud
La extensión de la emergencia sanitaria, como se menciona en el decreto 942/2025 firmado el 31 de diciembre de 2025, es de cierta relevancia, ya que retrasa el desencadenamiento de una supuesta deuda millonaria, cuya cifra exacta no se ha precisado, que más de 5.000 instituciones entre centros de atención y diagnóstico deben al ARCA debido a aportaciones y contribuciones patronales, además de otros impuestos acumulados desde la crisis financiera de 2001.
Intentos fallidos y nuevos enfoques
Originalmente, el gobierno pretendía renovar la emergencia sanitaria dentro de la Ley de Presupuesto Nacional 2026. Sin embargo, este pasaje, junto a otros asociados a discapacidad y universidades, formaba parte del polémico capítulo 11 que no fue aprobado por el Congreso. Esto generó preocupación en el sector salud, ya que la falta de prórroga o acción gubernamental (como indicó Hugo Magonza, líder de la Unión Argentina de Salud) significaría que a partir del 1° de enero de 2026, con la expiración de la última prórroga, el ARCA podría iniciar medidas legales y embargos.
Como alternativa, el gobierno anunció finalmente esta semana dos acciones que aplazan el enfrentamiento directo con este problema. Fuentes oficiales confirmaron a Clarín de un plan durante 2026 para ofrecer facilidades fiscales a las compañías con deudas para la reorganización de sus finanzas. El fin último del ministro Mario Lugones es evitar prolongar de nuevo la emergencia sanitaria cuando llegue 2027.
La reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad
Además de la mencionada emergencia sanitaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, el nuevo decreto decidió la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según informó Adorni recientemente. La agencia, en medio de una crisis prolongada, provocaba gran incertidumbre entre las familias de pacientes y aquel atraso en el “nomenclador”, una tabla de pagos mínima para los servicios de salud.
Ya se vivía una tormenta dentro de la ANDIS debido a las irregularidades descubiertas tras una auditoría interna, que arrojaron luces sobre problemas administrativos, financieros, tecnológicos y de control, comprometiendo la eficiencia legal del organismo y el acceso de las personas con discapacidad a servicios esenciales.
El nuevo decreto justificó medidas urgentes al señalar un “riesgo cierto, actual e inminente” de interrumpir las prestaciones a personas con discapacidad, necesitando soluciones rápidas más allá del trámite legislativo ordinario, que no lograba satisfacer la agilidad requerida.
Nuevas responsabilidades para el Ministerio de Salud
Este decreto también amplió el campo de acción del ministro Lugones en la supervisión sanitaria de precursores químicos, un tema que había fluctuado entre diferentes ministerios. Según el gobierno, la actualización busca mejorar el control, prevenir desviaciones y proporcionar una mejor trazabilidad, con el objetivo de evitar riesgos sanitarios como intoxicaciones, tanto en la comunidad como en hospitales.
Desde Salud mencionaron que estas acciones están dirigidas a anticipar el impacto de eventuales desvíos, buscando que la prevención se convierta en la norma antes de que los problemas escalen y se traduzcan en emergencias hospitalarias.