Hace casi dos décadas, una publicación de Clarín examinaba una decisión tomada a mediados de los años 90, la cual se revirtió a principios de los 2000. Esta decisión, que ahora vuelve a debatirse con la nueva Ley de Modernización Laboral, consistía en la reducción de los aportes patronales, especialmente aquellos destinados a la cobertura de salud. En un contexto de estrechez económica, surge la pregunta de si estos cambios podrían ocasionar un alza en las tarifas de las prepagas o afectar los servicios de las obras sociales, las cuales deben cumplir con el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Sí, la respuesta es afirmativa, aunque condicionada por diversos factores. Antes de explorar los pormenores, es importante señalar algunos paralelismos entre las medidas de los 90 y las actuales propuestas.
En 2006, Clarín recordaba cómo el ministro Domingo Cavallo justificaba la modificación de los aportes y contribuciones, argumentando que la disminución del costo laboral incentivaría a las compañías a registrar formalmente a sus empleados y generaría más empleo. No obstante, durante aquel tiempo se observó un incremento tanto del desempleo como del trabajo no registrado.
Lo crucial es que la reforma propuesta es similar a la de aquel entonces. Los empleadores, además de otras contribuciones a la seguridad social, debían aportar el 6% de los salarios brutos. Ahora, al igual que en la reforma laboral planteada, esta tasa experimentará un decremento del 1%, quedando en 5%. Esto, sumado al 3% aportado por los empleados, se traduce en un debate sobre el efecto concreto de destinar el 9% o el 8% a las entidades de salud.
Clarín consultó a tres fuentes que coinciden en que lo que se discute no es realmente un 1%. Entre ellas se encuentran un experto del sector, un directivo de una prestadora de servicios de salud privada, y Rubén Torres, ex jefe de Servicios de Salud y presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA).
Hay dos “tortas”: la salarial y la de salud, comentaron los consultados. Dado que no son equivalentes, una porción de una no se traducirá proporcionalmente en la otra. Por ello, advierten que el recorte del 1% en los aportes patronales podría llevar a una caída de entre el 11% y el 15% en los ingresos de las entidades de salud.
Aunque son proyecciones, Torres calculó que el ajuste del 1% supondría más de 90.000 millones de pesos menos por mes para obras sociales y prepagas. Pero el efecto podría ser incluso más significativo.
Impacto en los fondos de redistribución
Parte de los aportes y contribuciones de los empleados registrados en Argentina se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un fondo en déficit utilizado para compensar varios aspectos esenciales.
El FSR se emplea para financiar medicamentos caros, coberturas de discapacidad, y a través del fondo SUMA, otorga un subsidio equitativo a obras sociales y prepagas, sin considerar las disparidades de recursos. Este esquema, criticado por Torres, busca compensar lo que estas entidades deberían recibir vía sueldos, en un contexto de reducción salarial y disminución de trabajadores formales.
Torres estimó que la disminución del 1% significaría una reducción mensual de 15.000 millones de pesos para el Fondo Solidario de Redistribución.
Repercusión de la reforma laboral en las tarifas de salud privada
Una fuente anónima declaró insistentemente que el sector no puede absorber ese 1% menos de ingresos. Según sus cálculos, el proyecto de ley implicaría una reducción de 12,5% en sus ingresos.
Tras la eliminación de la intermediación con las obras sociales, alrededor de 7 millones de personas utilizan prepagas, clasificadas en al menos tres grupos de afiliados. Por un lado, están quienes reciben cobertura pagada por sus empleadores, quienes constituyen el 70% de los clientes de salud privada, según Torres.
Es probable que las empresas y las prepagas necesiten negociar para cubrir la diferencia, indicó Torres. Otra fuente indicó que el sector no está dispuesto a reducir honorarios o tarifas. “Si tengo que notificar al sanatorio que pagaré menos desde ahora, ¿cuál crees que será su respuesta?”, comentó.
El segundo grupo incluye a los empleados que destinan sus aportes a una empresa médica privada, pero deben pagar una tarifa adicional mensual para cubrir su cuota individual o familiar.
Por ejemplo, si un empleado transfiere actualmente 90.000 pesos pero con la nueva ley solo transfiere 80.000, surge la pregunta de quién cubrirá 10.000 pesos de diferencia. Las tres voces coincidieron en que dicho cambio podría impactar proporcionalmente las tarifas de las prepagas.
Nueva normativa y su efecto económico
Puesto que el proyecto aún no es ley, y carece de reglamentación, todo se encuentra en el ámbito de las conjeturas, lo que complica prever aumentos precisos en cifras porcentuales. Es fundamental entender que el 1% deducido de los sueldos no significa un 1% directo para las prepagas, quienes finalmente fijan las cuotas.
El tercer grupo incluye a quienes pagan su cuota completamente de su bolsillo. Este grupo no debería verse afectado por este cambio, salvo que surja un “efecto rebote” de las situaciones mencionadas.
Papel de la Ley de Modernización Laboral en el sector salud
Un informe reciente, compartido por Torres, revela que solo el 20,5% de las obras sociales y prepagas están en condiciones de cubrir el costo del PMO con sus ingresos actuales. Las fuentes señalaron que el mayor impacto de esta medida se sentiría en las obras sociales nacionales.
“Si además recortas un 15% de los ingresos, las arrastras. Este es el fin de una etapa en la seguridad social que conocemos. Se avecina una etapa menos equitativa”, advirtió el ex superintendente.
Respecto a los afiliados de las prepagas, aunque se prevén incrementos leves, enfatizó que “es imposible calcular cuánto subirían las tarifas. Si las empresas afirman tener problemas, las subidas no seguirán una lógica lineal o porcentual”, acotó.
Torres señaló que “un 1% de una ‘torta’ que representa a personas con salarios altos no es una cantidad trivial”. Aunque no apoya el mantenimiento de fondos sindicales opacos, reconoció un punto en común con un representante de una prestadora: “No se debe desmantelar las obras sociales”, particularmente porque en Argentina el Estado ha descuidado la inversión en salud pública. Aunque imperfectas, las obras sociales han sostenido la salud de la población. En otras naciones sin un sistema de seguridad social similar, el Estado es el que garantiza la salud pública,” concluyó.
AS