Después de diversas discusiones y un borrador que recibió tanto alabanzas como numerosas críticas, el Gobierno nacional dio a conocer este martes su propuesta legislativa para reformar el sistema educativo.
Aún conserva el título de “Ley de Libertad Educativa” y mantiene en gran parte sus disposiciones, tal como el borrador que fue revisado por el Consejo de Mayo, pero incorpora algunas modificaciones, especialmente en los puntos más controvertidos.
Reemplazo de la ley vigente
El proyecto anula la ley de Educación actual, aprobada por el Congreso en 2006, sustituyéndola por una nueva regulación. Esta nueva normativa resalta el protagonismo de las familias en lugar del Estado y busca dar más independencia a las instituciones educativas, además de un control más riguroso de los gastos.
Cambios destacados en el proyecto
Entre las principales modificaciones que establece el documento, de 43 páginas, se encuentran la autorización para la educación en el hogar, la legalización de los vales educativos o financiamiento personalizado, la creación de Consejos de Padres en los colegios públicos con autoridad para intervenir en la contratación o destitución del director, la posibilidad de publicar los resultados de las pruebas estandarizadas por escuela (actualmente prohibidos por ley) y la evaluación de los maestros. También se define el modo en que las universidades deben ser auditadas.
Aspectos excluidos del proyecto final
No se incluyó finalmente la autorización para la enseñanza religiosa en las escuelas públicas ni la exigencia de que el Estado financie a las escuelas privadas con un monto igual por alumno que a las instituciones públicas.
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