Tragedias Imprevisibles: El Asesinato en La Boca
El 11 de octubre de 2016, en el Parque Irala, La Boca, se produjo un ataque inesperado. Nuria Couto, de 18 años, junto a un amigo, fue abordada por Mariano Bonetto de 36 años, quien tras acercarse a hablar, desenvainó una navaja y la apuñaló 17 veces. El siguiente ataque fue contra Natalia Grenbenshicova, de 15 años, quien recibió cinco puñaladas y, al igual que Couto, no sobrevivió. Los presentes aseguraron que las agresiones surgieron sin previo aviso.
Violencia Inexplicable: Casos Recientes
Rodrigo Roza, de 51 años, llevó su furia a las inmediaciones del museo MALBA, en avenida Figueroa Alcorta. Tras lanzar un ave muerta desde su mochila y proclamar su visión sobre el universo, atacó fatalmente al oficial de policía Juan Pablo Roldán, de 33 años, con cuatro cuchilladas.
En otro episodio trágico, Oscar Gustavo Valdez, de 29 años, desarmó y asesinó a Maribel Zalazar, oficial de la Policía de la Ciudad, en la estación Retiro del subte línea C. “Yo soy el jefe, yo gané”, se le oyó gritar al ser capturado por la policía.
La Salud Mental en el Foco
El caso de Alfredo Marcenac, víctima del “tirador serial de Belgrano” Martín Ríos, y el reciente asesinato de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco en la transitada calle Corrientes, reafirman una alarmante tendencia de violencia irracional.
Una mujer, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató que el atacante de una turista brasileña ya había intentado agredirla anteriormente. Al comentar el incidente a la policía, le informaron que el hombre sufría de problemas psiquiátricos y estaba sin hogar, por lo que no podían intervenir.
Atención Psiquiátrica: Retos y Demandas
Mariano Bonetto, el agresor de La Boca, fue considerado inimputable, lo que pone en el centro de la discusión la atención a la salud mental. ¿Qué medidas está adoptando el SAME para prevenir estos eventos? ¿Qué establece la legislación vigente sobre salud mental?
Daniel Mosca, responsable de Factores Humanos del SAME, señala la presión diaria sobre las ambulancias psiquiátricas, que operan sin pausa. Su equipo se apoya en la telemedicina para atender emergencias relacionadas.
Desde diciembre de 2024 a junio de 2025, se documentaron 5.360 asistencias psiquiátricas en la Ciudad, lo cual representa un 5,58% del total de emergencias médicas gestionadas por el SAME en ese periodo, que sumaron 96.567 casos. Mosca resalta: “La demanda es abrumadora”.
Al recibir una alerta, el abordaje inicial corre a cargo de médicos especializados en emergencias. Si detectan un problema psiquiátrico, evalúan la situación para decidir sobre la intervención. Frecuentemente, se usa la telemedicina para intentar resolver el conflicto.
En situaciones de mayor gravedad, la ambulancia más próxima se desplaza al lugar. Si la valoración concluye en la necesidad de presencia psiquiátrica, una de las dos unidades especializadas, equipadas con chofer y médico psiquiatra, es convocada.
“Son escasos los sitios en Argentina y el mundo donde una emergencia psiquiátrica recibe la atención directa de una ambulancia con un psiquiatra. La mayoría de los casos se manejan por telemedicina o con médicos generales”, explica Mosca.
Debido a la insuficiencia de personal psiquiátrico, muchos casos son atendidos mediante telemedicina o médicos generales.” Si todas las emergencias requirieran un psiquiatra, dos profesionales no serían suficientes”, concluye Mosca.
Limitaciones de la Ley de Salud Mental
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 establece que cualquier internación necesita el consentimiento del paciente o su representante legal, lo que limita las acciones de los familiares afectados.
Este consentimiento solo es válido si la persona está en plena conciencia. Si se pierde durante la internación, la misma se vuelve involuntaria y se requiere la intervención judicial. La normativa exige asimismo la firma de dos profesionales de distintas ramas, la demostración de un riesgo cierto e inminente y la falta de alternativas ambulatorias.
Si bien estas pautas están diseñadas para proteger derechos, también son un gran impedimento en el sistema de salud mental.
Los trámites judiciales pueden retrasar acciones clínicas urgentes en casos severos, lo cual alimenta el debate sobre la necesidad de revisar la ley actual.