El martes, la administración nacional dejó sin efecto el decreto 2.417 de 1993, que imponía normativas para las instituciones educativas privadas. Estas regulaciones incluían la necesidad de obtener autorización para incrementar precios, además de la exigencia de comunicar, antes del 31 de octubre cada año, el costo de la matrícula, el total de las cuotas anuales y el valor específico de cada una.
Publicación Oficial de la Anulación del Decreto
La anulación se hizo pública en el Boletín Oficial mediante el decreto 787/25, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo.
Razones para Derogar la Régimen Anterior
El Gobierno, al justificar su decisión de eliminar la normativa, sostuvo que las restricciones anteriormente vigentes “imponen limitaciones que no permiten a los colegios de gestión privada ajustarse a las realidades educativas y económicas presentes en el país”.
Impacto del Régimen Obsoleto en la Educación Privada
El decreto ahora anulado también estipulaba que los colegios que no cumplieran con estas regulaciones perderían el apoyo económico estatal, ya que aplicaba a instituciones educativas privadas que reciben financiamiento público.
Además, los colegios debían notificar a los padres o tutores de los alumnos, antes del 1 de octubre de cada año, sobre los términos del contrato educativo para el ciclo lectivo siguiente.
Se explicó que el sistema regulador “fue creado bajo un contexto político y normativo distinto al actual”, añadiendo que en esa época, la administración educativa recaía sobre el gobierno nacional.
En este sentido, se destacó que “esta situación ha cambiado desde que la competencia pasó a las provincias, conforme al principio federal dentro de nuestro sistema constitucional, lo cual justifica la necesidad de revisar y adaptar el régimen a la distribución actual de funciones”.
El Ejecutivo señaló que “la estructura de costos y tarifas en el ámbito educativo ha variado desde la creación del decreto, justificando así su revisión”.
Asimismo, se subrayó que “la intervención estatal en la regulación y financiamiento de instituciones educativas privadas, aunque busca asegurar la calidad educativa, ha producido efectos negativos que afectan su operatividad y sostenibilidad económica”.
La administración de Javier Milei razonó que “la obligación de presentar con anticipación los costos de matrícula y cuotas, junto con la necesidad de obtener aprobación estatal previa para cambiar dichos valores, genera incertidumbre económica para las instituciones. Esto lleva a que muchas de ellas fijen cuotas más altas de lo necesario, temiendo no cubrir sus costos sin la autorización estatal”.
Así, se argumentó que “este sistema de fijación de precios perjudica a las familias, enfrentándolas a tarifas educativas más altas desde el inicio del ciclo académico, lo que limita su capacidad para elegir instituciones que se ajusten a sus posibilidades económicas, e incluso, en algunos casos, los obliga a cambiar a sus hijos a otras escuelas”.
A su vez, el Gobierno destacó que “la naturaleza fija y predecible de las tarifas impuestas por el Estado puede provocar una disminución en la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden adaptarse adecuadamente a las variaciones de costos en insumos, salarios y otros gastos operativos sin la autorización correspondiente”.
D.D.