Han transcurrido seis meses desde que se desató el escándalo del fentanilo a raíz de la primera alerta emitida por la ANMAT, lo cual desencadenó una investigación por el fallecimiento de pacientes que recibieron este medicamento contaminado. Existe una gran incertidumbre sobre cuánto tiempo falta para que comience formalmente el juicio relacionado con este caso, que no solo involucra a más de una docena de acusados sino también a Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB y Ramallo, quien probablemente enfrentará a la justicia.
El expediente ha crecido significativamente, alcanzando 6.234 fojas, equivalente a 31 cuerpos, y se espera que siga aumentando. Para entender la magnitud del caso, es importante recordar el 13 de mayo, un día después de que la ANMAT, responsable de regular laboratorios y medicamentos en Argentina, presentará la primera denuncia penal de su historia.
Esto ocurrió diez días después de que recibieran un correo electrónico del Hospital Italiano de La Plata, reportando un extraño brote de neumonía en sus pacientes internados. Tras una breve investigación interna, vincularon estos casos al uso de un sedante: fentanilo de HLB Pharma, producido en la planta de laboratorios Ramallo. Al analizar los lotes del medicamento administrado, descubrieron la presencia de bacterias multirresistentes.
Al momento de redactar esta nota, seis meses después del inicio de esta crisis, el número de presuntas víctimas mortales debido al fentanilo contaminado ha alcanzado 124.
Esta cifra se encuentra documentada en 401 páginas de la resolución más reciente del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, bajo la dirección de Ernesto Kreplak, que define la situación legal de los acusados.
Ariel García Furfaro, quien ha aparecido frecuentemente en los medios, junto con una docena de personas vinculadas a los laboratorios están en el centro de esta causa. De los 13 acusados, seis enfrentan prisión preventiva y siete han sido procesados sin ella.
No obstante, la etapa de instrucción aún tiene un camino por recorrer, con más información y posibles nuevas víctimas por identificar, e incluso, podría haber más imputaciones.
Proceso hacia el juicio oral por el caso de fentanilo
La instrucción del caso abarca al menos cuatro áreas, algunas más desarrolladas que otras. La principal se enfoca en las responsabilidades directas de los fabricantes. “Sin menospreciar otros aspectos, esta es la área que se ha priorizado desde el inicio”, indicaron fuentes judiciales consultadas por Clarín.
No obstante, los tiempos del proceso también dependen de las apelaciones de las partes involucradas, lo que podría generar retrasos. Estas vienen no solo de la defensa de los acusados, sino también de la Defensoría de la Víctima, la cual ha cuestionado algunas decisiones, como la falta de mérito declarada por Kreplak en dos de los cuatro casos evaluados.
Existen discrepancias respecto a la liberación de Damián García, hermano del dueño de HLB-Ramallo y, entre 2020 y 2022, socio de la droguería Alfarma, así como director de HLB. También hay cuestionamientos hacia Antonio Tallarico, presidente y accionista de Laboratorio Ramallo S.A. desde su fundación.
Las apelaciones llevan más de un mes en espera de revisión por parte de la sala 3 de la Cámara de Apelaciones de La Plata, antes de que regresen al despacho de Kreplak. Los tiempos en este punto son impredecibles.
Si la Cámara ratifica los procesamientos, será momento de incorporar más víctimas a la causa, una vez que el Cuerpo Médico Forense entregue al juez un nuevo informe de muestras certificando que sobre 40 analizadas, 38 pertenecen a pacientes fallecidos, afectados por bacterias del fentanilo adulterado.
En otras palabras, el juez ha procesado a 13 individuos basándose en un conjunto de pruebas, entre las cuales destaca la confirmación de 12 muertes vinculadas al fentanilo. Estas personas ya han respondido a indagatorias en las que tuvieron la oportunidad de refutar las pruebas obtenidas durante la instrucción.
A pesar de esto, la investigación continúa activa. No se ha llamado a indagatorias a los acusados por las muertes recientemente confirmadas, ni se les ha dado la oportunidad de defenderse en nuevas instancias ni de apelar ante tribunales superiores. A la fecha, el juzgado sigue verificando historias clínicas, retardadas por centros de salud para identificar más muertes sospechosas relacionadas con fentanilo.
En Córdoba, donde se administraron muchas de las ampollas contaminadas, y hay un bajo reporte de fallecidos, se busca esclarecer estos casos. “La repetición de indagatorias con toda la evidencia en mano sería lo más apropiado para atribuir los hechos completos durante la instrucción”, señalaron fuentes judiciales, confiados en cerrar esta fase antes de la feria judicial de invierno 2026, siempre sujetas al cronograma de la Cámara.
Rol de los funcionarios en el escándalo del fentanilo
La prudencia en la etapa investigativa impone que testifiquen diversos actores vinculados con el caso: desde empleados de laboratorios hasta familiares de las víctimas, cuyos testimonios, aunque quizás no aporten mucho, evitarán dilaciones en el juicio oral y público, donde el tribunal podría requerir una “instrucción suplementaria”, retrasando la tan ansiada resolución para las familias.
De forma paralela, existe un segundo frente menos avanzado, que indaga posibles negligencias de funcionarios de la ANMAT. “Hemos continuado tomando más declaraciones e inspeccionando teléfonos y servidores”, explican fuentes judiciales, que admiten enfrentar un obstáculo importante.
Aunque se puede demostrar que el fentanilo fue producido sin seguir las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), es más difícil precisar las responsabilidades de los funcionarios de ANMAT: ¿fueron suficientes los controles y advertencias? ¿A qué punto debieron suspender la producción del laboratorio?
No existen documentos que determinen claramente estas responsabilidades. El reto del juez es evaluar de manera objetiva si el control fue adecuado o insuficiente.
Clínicas y hospitales en alerta por el uso de fentanilo
Fuentes judiciales han señalado ciertos casos de centros de salud que aplicaron los lotes contaminados incluso tras el 8 de mayo, cuando la ANMAT prohibió el uso del medicamento.
Esto se debe a lo que en la Justicia describen como “carencia de información” en momentos críticos para los familiares de los pacientes, así como a las trabas para obtener las historias clínicas, lo cual ha sido un obstáculo en el proceso judicial.
Si bien estas podrían ser fallas procedimentales, también podrían indicar otro nivel de responsabilidad que la Justicia busca aclarar.
Además, se explora un cuarto aspecto crucial: la situación patrimonial de los acusados, clave para futuras reparaciones según las sentencias.
A diferencia de otros casos donde el crimen se financia con lavado de activos, aquí la relación es más indirecta, pendiente de esclarecer.
Es importante señalar que la fabricación de fentanilo no fue el fin de una actividad delictiva per se. Sin embargo, se sospecha que detrás del funcionamiento de las empresas Hay indicios de cómo se obtuvo financiamiento para HLB y Ramallo.
AS