El retiro de un magistrado en Corrientes podría retrasar el comienzo del juicio del caso Loan

La inesperada dimisión del juez Víctor Antonio Alonso González del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes podría posponer el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años. Su desaparición ocurrió la tarde del 13 de junio de 2024 en un área rural de la localidad de 9 de Julio. Para avanzar con el juicio, el tribunal planea nombrar a dos jueces suplentes que trabajen junto a Fermín Amado Ceroleni.

Implicancias de la renuncia del magistrado

La solicitud de jubilación de Alonso González fue presentada a principios de septiembre, pero se hizo pública recientemente con el decreto 704/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, oficializando su retiro del Poder Judicial.

A un año de la desaparición Loan Danilo Peña organizaciones madres chicos desaparecidos y vecinos se concentran en plaza principal Goya
Foto Juano Tesone

Una fuente judicial de Corrientes reveló a Clarín que la decisión del juez tomó por sorpresa a muchos, ya que no hubo comunicación previa de su intención de retirarse. Alonso González continuará presidiendo el Tribunal Oral hasta finales de noviembre y participará en varios juicios ya agendados.

La trayectoria y el contexto legal

Con más de tres décadas de servicio, el juez cierra su carrera en el único Tribunal Oral Federal de Corrientes, tras su nombramiento por el decreto 324/95, publicado en el boletín oficial el 18 de agosto de 1995.

La renuncia coincide con el avance del proceso preliminar del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, donde siete individuos están procesados y diez más son acusados de intentar desviar la investigación.

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El tribunal ya ha informado a defensas, Fiscalía y querella para que propongan pruebas y realicen las solicitudes pertinentes.

El fiscal general correntino Carlos Schaefer. Foto Fiscales.gob.ar

Recientemente, la defensa de Nicolás Gabriel Soria, apodado “El americano”, impugnó al fiscal Carlos Schaefer, aunque todo apunta a que dicha objeción será denegada. Mientras tanto, la defensa de Bernardino Antonio Benítez, uno de los principales implicados, solicitó que un tribunal provincial juzgue el caso, una decisión que el Tribunal aún debe tomar.

El Tribunal Oral Federal deberá informar a las partes sobre su nueva conformación, posiblemente integrada por jueces de Misiones, Chaco o Formosa. De no surgir objeciones, se establecerá el cronograma del juicio, que podría extenderse por varios meses debido al gran número de imputados y testigos.

Schaefer, el fiscal del caso, rechazó la posibilidad de probation o juicios abreviados para los 17 acusados, insistiendo en que el debate podría revelar nuevas pistas sobre el paradero de Loan o que algún imputado podría brindar información inédita.

A finales de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes otorgó un plazo adicional de dos meses a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, para concluir la investigación. Se señaló que mantener el caso abierto indefinidamente no sería razonable y que debe respetarse el principio de no juzgar dos veces por un mismo delito. Así, Pozzer Penzo tiene hasta el 29 de noviembre para finalizar su investigación.

Jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo
Foto Juano Tesone

El caso Loan, una herida abierta en Corrientes

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, después de acudir a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, situada en el paraje “El Algarrobal”. Fue visto por última vez junto a otros niños y tres adultos familiares en dirección a una tapera cercana en búsqueda de naranjas.

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Por este incidente, están procesados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica Del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, todos acusados de coautores en la sustracción del menor. También está involucrado el comisario Walter Adrián Maciel como participe necesario del delito, enfrentándose a penas de entre cinco y quince años de prisión.

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Paralelamente, otras diez personas enfrentan cargos por presuntamente tratar de desviar la investigación al influir sobre testigos clave. Entre ellos se encontraban psicólogos, asistentes sociales y abogados, quienes afirmaban representar a las víctimas a través de la Fundación Lucio Dupuy, declaración desmentida por la organización misma.

De estos diez individuos, solo Nicolás Gabriel Soria, alias “El americano”, permanece detenido. Soria se presentaba como afiliado a Interpol, DEA y la CIA, aunque solo portaba una licencia de conducir de Miami.

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