El jueves pasado se llevó a cabo un nuevo allanamiento en las instalaciones de HLB en Beccar, San Isidro. Esta intervención no estuvo dirigida por el juzgado federal que investiga desde mayo las muertes de alrededor de 68 pacientes por el consumo de fentanilo contaminado fabricado por esta empresa, sino por otro juzgado que esta semana inició una investigación sobre el presunto uso de un certificado falso por parte de la compañía para importar precursores químicos.
El propósito de esta incursión fue buscar elementos que permitan al fiscal responsable del caso, Guillermo Marijuán, reconstruir el proceso completo de cómo HLB, compañía acusada junto a Laboratorios Ramallo de distribuir fentanilo contaminado con bacterias, presuntamente presentó una autorización falsificada de la Municipalidad de San Isidro para inscribirse en el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE). Esta situación fue denunciada por el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich.
El Ministerio de Seguridad realzó la inquietud respecto a la veracidad del documento, solicitando información al Municipio. Según la respuesta del asesor legal del municipio, no existen registros de haber emitido dicha constancia para HLB Pharma Group SA.
Investigación federal y marco legal
El documento presentado por Walter Klix, director nacional de Precursores Químicos del ministerio, planteó una acusación formal contra HLB Pharma Group y aquellos que sean considerados responsables penalmente en el transcurso de la indagación. Se los acusa de cometer un delito según el artículo 44 bis de la Ley 23.737, que impone penas de prisión de uno a seis años y una inhabilitación especial de dos a seis años para quienes falsifiquen o omitan información al Registro Nacional de Precursores Químicos.
El operativo realizado esta semana, que incluyó la búsqueda tanto de documentos físicos como digitales, contó con el apoyo de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, además de la Dirección Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad.
Se ha averiguado que Olga Luisa Arena, abuela de Ariel García Furfaro, presentó el aparentemente falso certificado municipal en febrero del año anterior, actuando como representante de HLB Pharma Group SA.
A pesar de las sospechas sobre este documento que habría permitido a HLB la importación de precursores químicos, la Municipalidad de San Isidro afirmó que la empresa sí tenía autorización para la producción de productos medicinales tanto biológicos como quimioterapéuticos, destinados a humanos y animales.
Uso y control de precursores químicos
Los precursores químicos son esenciales en la elaboración de drogas ilícitas como la cocaína. En Argentina, debido a la presencia de muchos laboratorios medicinales, estos se utilizan para la industria legal, aunque parte de ellos pueden desviarse al mercado ilícito de drogas.
Un dato relevante es que en 2007, Sebastián Forza, una de las víctimas del Triple Crimen de General Rodríguez, participó en el comercio de efedrina, un precursor clave para la producción de drogas sintéticas. Su caso se vinculó a un laboratorio clandestino en Ingeniero Maschwitz controlado por narcotraficantes mexicanos que fabricaban éxtasis y metanfetamina.
En esos años, Argentina incrementó drásticamente la importación de precursores desde China e India, lo que motivó un refuerzo en la lucha contra su comercio ilegal y condujo a la captura de Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”.
Actualmente, el fiscal federal Guillermo Marijuan está a cargo de una nueva causa contra la familia García Furfaro, relacionada con el tema de los certificados falsos, además de la ya existente sobre el fentanilo contaminado. La decisión de imputar a HLB Pharma en este expediente está en manos del Juzgado Federal N°6, liderado por Sebastián Casanello.
La problemática de fentanilo contaminado
HLB Pharma también enfrenta un juicio en la justicia federal de La Plata por la contaminación de fentanilo, que se sospecha provocó la muerte de 68 personas. Este proceso, dirigido por el juez Ernesto Kreplak, comenzó tras una denuncia del Hospital Italiano de La Plata, donde varios pacientes fallecieron tras recibir tratamiento en sus instalaciones de terapia intensiva.
Los afectados, tanto los que fallecieron como los que sobrevivieron, fueron tratados en distintas clínicas de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El lote de fentanilo contaminado fue adquirido por sistemas de salud pública y privada en lugares como Jujuy y Formosa. La Justicia busca recuperar más de 76,000 ampollas, una tarea compleja y detallada.
El Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Nación se encargará de las pericias para esclarecer si fue el fentanilo contaminado lo que ocasionó los fallecimientos.